Información: La CNDDHH ante el cierre arbitrario de Radio Espinar - 20/03/2013 03:33:45 p.m.
" PronunciamientoAnte el cierre arbitrario de Radio Espinar
Ante la resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ejecutada el primero de febrero del 2013, suscrita por el viceministro de comunicaciones Raúl Pérez Reyes, que impide el funcionamiento a Radio Espinar (Cusco), queremos señalar lo siguiente:
1. La denuncia pública la hizo el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), que ha calificado el accionar del MTC como un "ejercicio arbitrario y desproporcionado de las facultades de fiscalización y autorización del MTC"[1], comparándolo con el cierre de Radio La Voz de Bagua, en el 2009. Tras haber subsanado a solicitud del MTC la homologación de los equipos y el pago de una deuda pendiente correspondiente al periodo 2007-2010, "llama la atención que el MTC decida no renovar la autorización de funcionamiento a una emisora que tiene 30 años de operación en la zona, por el hecho de adeudar el pago de una tasa ascendente a S/. 120.00 nuevos soles (U$ 50 dólares aproximadamente)"[2].
2. Esta situación resulta preocupante, si tomamos en cuenta que Radio Espinar es actualmente investigada por una fiscalía de Ica, por instigación a la violencia y por haber incurrido en el delito de apología, al igual que muchos otros dirigentes que participaron en la protesta en contra de la minera Xstrata, en mayo del 2012.
3. De forma más precisa, organizaciones amigas de la CNDDHH de la zona nos informan que la línea editorial de Radio Espinar es plural, contaba con varios programas pagados por diferentes personas, empresas e instituciones, como la misma empresa minera Xstrata. Alquilaba también su espacio radial a los dirigentes provinciales Wilber Huaylla y Néstor Cuti, de clara posición en contra de las operaciones de la Minera, y que también han sido denunciados por la fiscalía de Ica, por los sucesos ocurridos en mayo del 2012.
4. Es por ello que los propietarios de Radio Espinar denuncian que el cierre está directamente relacionado con la cobertura que brindó a los dirigentes "antimineros" en el marco del conflicto en contra de la empresa Xstrata, lo que significaría un gravísimo atentado en contra de la libertad de expresión.
5. En este contexto, existe un temor generalizado entre las emisoras de la zona en alquilar espacios a dirigentes con una posición de protección del medio ambiente, dado que se percibe que ello "genera problemas".
6. Consideramos que el cierre de Radio Espinar es injustificado y demandamos al MTC que subsane la situación en la brevedad, de lo contrario, se trataría de un precedente negativo del actual gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso, que condenamos de manera enfática.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es un colectivo de 81 instituciones que en todo el Perú trabajan en la promoción y defensa de los derechos fundamentales.
[1] http://ipys.org/alerta/1536
[2] Ibid.
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Interesante, La OEA y el Perú deben defender y fortalecer la CIDH - 20/03/2013 02:57:48 p.m.
"Pronunciamiento del Instituto de Defensa Legal (IDL) y Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHHDesde su creación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha cumplido un rol fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos en los países de la región. El papel vigilante que esta instancia ha cumplido en situaciones críticas para la vigencia de los derechos fundamentales, llamando siempre a los Estados a que cumplan con sus obligaciones internacionales, ha sido un elemento clave para el fortalecimiento de la democracia en nuestros países. La relación que la CIDH ha tenido con el Perú es un buen ejemplo de ese rol protagónico que este organismo supranacional ha sabido desarrollar.
En los últimos tiempos han surgido diversas iniciativas desde algunos Estados para limitar las facultades de intervención de la CIDH y de algunos de sus órganos como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que han sido presentadas como propuestas de reforma. La posibilidad de que estas propuestas reduccionistas avancen, sería muy grave para los ciudadanos de la región.
Justamente este viernes 22 de marzo la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, en Washington D.C., abordará este tema como agenda central. Por ello, si bien siempre son importantes las reformas de los sistemas de protección de los derechos de las personas, consideramos que, en este caso, lo que requiere el Sistema Interamericano es esencialmente un proceso de fortalecimiento.
Al respecto, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresan lo siguiente:
1. Nuestra preocupación sobre la posibilidad que el resultado de este proceso termine en el debilitamiento de la CIDH, pese a que desde un inicio se habló de fortalecerla. La principal razón de esta preocupación es que la última sesión del Consejo Permanente de la OEA terminó sin acuerdo respecto a dos delicados temas: (i) la condición de las relatorías y (ii) el financiamiento de los Estados. Junto a ello, llaman la atención los proyectos de resolución emitidos por el Consejo Permanente de la OEA; en uno de ellos, se plantean enmiendas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y en otro se buscaba hacer vinculante lo acordado en una reunión informal de algunos Estados que han ratificado la Convención Americana (CADH), realizada recientemente en Guayaquil (Ecuador), en el que se propone un cambio de sede de la Comisión, abriendo así la posibilidad de cambiar el Estatuto de la CIDH.
2. Rechazamos todo intento de imponer una reforma vía modificación del Estatuto de la CIDH. Como se ha establecido en diversos documentos jurídicos, el artículo 39° de la CADH establece claramente que para realizar una reforma del Estatuto tiene que existir una propuesta de la propia Comisión. En su momento (1979), los Estados decidieron establecer esta fórmula para garantizar la independencia de esta instancia internacional frente a los Estados. Por ello, exhortamos a los Estados miembros de la OEA cumplir con lo establecido en la Convención.
3. Exhortamos a los Estados de la OEA que aún no han ratificado la CADH, que inicien el proceso interno de consultas en sus respectivos países para su ratificación, pues nada justifica que después de más de 30 años de vigencia de la CADH, aún existan diferentes compromisos jurídicos de los Estados en relación al sistema interamericano. En tal sentido, saludamos los esfuerzos y gestiones de los Gobiernos para que todos los Estados ratifiquen la Convención.
4. Mostramos nuestro apoyo a la reforma reglamentaria aprobada por la CIDH, a partir de la propuesta realizada por los Estados en junio de 2012 en la Asamblea General de Cochabamba-Bolivia, y que fueron alcanzadas a los Estados y a la sociedad civil del continente en su momento.
5. Respaldamos la labor de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) y rechazamos todo intento, directo o indirecto, de debilitarla. Coincidimos que otras Relatorías también deberían ser fortalecidas (como la de pueblos indígenas o defensores y defensoras de DDHH), pero ello no debería implicar el debilitamiento de la RELE. En ese sentido, exhortamos al Gobierno del Perú a mantener su política de respeto a la labor de la RELE.
6. Confiamos que el Gobierno del Perú plasmará su apoyo al sistema interamericano no sólo dando cumplimiento a las decisiones de la Comisión y la Corte, sino incrementando su aporte financiero a dichos organismos. Incrementar el presupuesto de la Comisión y la Corte debe ser una prioridad en este proceso de fortalecimiento del sistema interamericano.
7. Finalmente, queremos exhortar al Perú y a los Estados miembros de la OEA que este 22 de marzo se cierre estos dos años de proceso de fortalecimiento, a fin que la Comisión se concentre en su labor: la defensa y la promoción de los derechos humanos de la población de la región.
Instituto de Defensa Legal
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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Información: Juicio a Ríos Montt debe ser otro ejemplo para Latinoamérica y el mundo - 20/03/2013 02:53:57 p.m.
"El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) resalta la importancia y trascendencia histórica del juicio iniciado por genocidio y crímenes de guerra contra el general José Efraín Ríos Montt, ex dictador de Guatemala. Ríos Montt es procesado por la muerte de 1.771 indígenas de la etnia ixil durante su régimen, entre marzo de 1982 y agosto de 1983.Es la primera vez en la historia guatemalteca que un ex jefe de Estado y un ex jefe de Inteligencia Militar son procesados judicialmente por los miles de asesinatos en contra de civiles ocurridos durante la guerra civil que vivió este país entre 1960 y 1996. Por lo tanto, consideramos necesario que dicho proceso sea un modelo a seguir en la aplicación de justicia y sanción a responsables de desapariciones y violaciones a los derechos humanos, como las cometidas durante el régimen de Montt.
Del mismo modo, EPAF se solidariza con los familiares de las víctimas que están siguiendo el juicio de cerca asistiendo a las audiencias, como el caso de Benjamín Manuel Jerónimo, quien perdió a 14 miembros de su familia bajo el mandato de Montt, o Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz en 1992, quien cuyo padre fue asesinado a inicios de la guerra civil en un incendio causado por fuerzas del gobierno.
Datos:
En 1999, Rigoberta Menchú, activista de derechos humanos y Premio Nobel de la Paz 1992, presentó cargos de tortura, genocidio, detención ilegal y terrorismo de Estado contra Ríos Montt y otros cuatro altos oficiales del Ejército guatemalteco. La Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Center for Justice and Accountability también denunciaron el hecho.
El 7 de julio de 2005, el juez español Santiago Pedraz dictó una orden de captura internacional contra Efraín Ríos Montt.
El 26 de enero de 2012 Ríos Montt compareció ante un tribunal de Guatemala y fue formalmente acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad, junto con otros 3 ex generales.
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Interesante, Guatemala: la verdad, la justicia y la reparación deben prevalecer en el juicio por genocidio - 18/03/2013 02:48:28 p.m.
"Organizaciones del continente, la CNDDHH entre ellas, instan a un adecuado proceso, con las debidas garantías.El próximo 19 de marzo dará inicio en Guatemala la audiencia pública en el juicio que se sigue en contra del General en retiro Efraín Ríos Montt y de su ex director de los servicios de inteligencia militar, también General en retiro José Mauricio Rodríguez Sánchez, como presuntos autores intelectuales de genocidio y crímenes de lesa humanidad (asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, tortura) en contra de casi dos mil personas, la mayoría de ellas mayas Ixil. Los hechos ocurrieron desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983, cuando Ríos Montt ocupó el poder en su país.
En el proceso judicial, impulsado por el Ministerio Público, figuran como abogados directores de la parte querellante, la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), los abogados del Bufete Jurídico de Derechos Humanos y del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH). Quienes además están siendo apoyados por Abogados sin fronteras Canadá, todos en condición de representantes de las víctimas. La trascendencia de este proceso ,inédito en Guatemala- implica el desahogo de aproximadamente 140 testimonios de víctimas y de la comparecencia de unos 70 peritos expertos.
Tanto la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instancias, han documentado las atrocidades ocurridas en Guatemala durante el conflicto armado interno, y en especial, han dado cuenta de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional impulsada particularmente a principios de la década de 1980 y mediante la cual se aplicó una política de "tierra arrasada" que buscaba acabar con el pueblo maya sospechoso de colaborar con la insurgencia.
De acuerdo con la CEH, alrededor de 626 masacres fueron ejecutadas mediante "actos de extrema crueldad" dirigidos a la eliminación de las personas o grupos de personas definidos como "enemigo interno" y destinados a "aterrorizar a la población". La CEH concluyó además que el 91% de las violaciones registradas durante el conflicto armado se produjo entre los años 1978 y 1983, estando en el poder los generales Romeo Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982-1983).
A diferencia de lo que ha sucedido en la historia reciente en Guatemala ,en donde hasta la fecha, salvo contadas excepciones, no ha sido posible obtener justicia en el ámbito interno y por lo cual se ha acudido a instancias internacionales de protección de derechos humanos-, el Estado guatemalteco tiene en este ocasión, la valiosa oportunidad de celebrar un proceso apegado a las garantías judiciales, en el que se juzgue a los acusados y sancione efectivamente a quienes se prueben como responsables de delitos tan graves como son el genocidio y los de lesa humanidad.
El esclarecimiento de los hechos, a través del debido proceso penal, así como la sanción de los responsables del genocidio y de crímenes de lesa humanidad ocurrido en Guatemala, constituye la medida idónea para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad guatemalteca en su conjunto. Además, sólo a través de la identificación, el juzgamiento y la sanción adecuada de los responsables materiales e intelectuales de las citadas violaciones de derechos humanos se logrará la no repetición de hechos tan reprochables. Este tipo de procesos fortalecen el Estado de Derecho y la democracia guatemalteca.
Considerando lo anterior, las organizaciones firmantes saludamos el proceso que lleva el Tribunal de Mayor Riesgo en Guatemala, y expresamos nuestro apoyo decidido al mismo. Además instamos a las autoridades guatemaltecas a lo siguiente:
Que se proteja efectivamente ,antes, durante y después del proceso- a todas las partes involucradas en ello (testigos, peritos, operadores de justicia, abogados y abogadas).
Que se garantice una adecuada cadena de custodia en la evidencia.
Que se garantice la independencia judicial mediante el apoyo público y decidido a la labor que están llevando a cabo los jueces a cargo del proceso y se asegure que no habrá ninguna injerencia indebida en sus decisiones.
Treinta años después de la comisión de varios crímenes de lesa humanidad ha llegado la hora de conocer la verdad y hacer realidad el derecho de las víctimas a obtener justicia.
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C., México
Abogados sin Fronteras Canadá (ASF), organización internacional
Alianza por tus derechos, Costa Rica
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), México
Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), Guatemala
Asociación Nacional de Centros (ANC), Perú
Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), organización internacional
Asociación Pluriculturalidad Jurídica de Guatemala (PLURIJUR), Guatemala
Asociación Pro-búsqueda de niñas y niños desaparecidos, El Salvador
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú
Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", Guerrero, México Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), México
Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL), Perú
Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM), Ecuador
Centro de Educación Popular-Proyecto Amigo, Perú
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Guatemala
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Nicaragua
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización internacional
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CJAR), Colombia
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia
Comité de América Latina y el Caribe para los derechos de las Mujeres (CLADEM), organización
internacional
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela
Consultorio Jurídico Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú
Corporación Humanas, Chile
Corporación Reiniciar, Colombia
Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI), Costa Rica
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial de Guatemala (ECAP), Guatemala
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), Honduras
Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), Perú
Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica (integrado por la Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia -SEDEM-, de Guatemala; Centro de Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-, de Guatemala; Centro Nicaragüense de Derechos Humanos -CENIDH-; Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras -CODEH-; Comisión Nacional de Derechos Humanos en Panamá , CONADEHUPA; Federación Luterana Mundial; Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD-, de El Salvador; Fundación Fútbol por la Vida ,FPV-, de Costa Rica; Grupo de Apoyo Mutuo -GAM-, de Guatemala; e Iglesia Luterana Costarricense -ILCO- , de Costa Rica).
Espacio Público, Venezuela
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador
Fundación Myrna Mack, Guatemala
Global Rights, organización internacional
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), Colombia
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C., México
Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Plataforma Interamericana de Derechos
Humanos Democracia y Desarrollo, organización internacional
Guatemala Human Rights Commission (GHRC), Guatemala
Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA), México
Instituto Centroamericano de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (IDHUCA), El Salvador
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG), Guatemala
Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género, Perú
La Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés),
Latin America Working Group (LAWG), organización internacional
Oficina Jurídica Para la Mujer, Bolivia
Paz y Esperanza, Peru
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI), Guatemala
Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), Guatemala
Seguridad en Democracia (SEDEM), Guatemala
Vicaria de Derechos Humanos de Caracas, Venezuela
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Es Noticia, Perú enfrentará escrutinio del Comité de Derechos Humanos de la ONU - 18/03/2013 12:57:29 p.m.
" Ginebra , Los antecedentes en términos de derechos humanos del Perú serán sometidos al escrutinio del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas mañana martes 19 y miércoles 20 de marzo, en reuniones que serán transmitidas en vivo a través de Internet.Como uno de los 167 Estados parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ,que es uno de los tratados fundamentales de derechos humanos-, Perú debe pasar por revisiones regulares de su historial de derechos humanos ante el Comité de Derechos Humanos. La última vez que Perú fue examinado por este Comité fue en el año 2000.
Las reuniones tendrán lugar el martes 19 de marzo, de 15:00 a 18:00 hrs (09:00 a 13:00 hora en Perú) y el miércoles 20 de marzo de 10:00 a 13:00 hrs (04:00 a 07:00 hora en Perú). Durante ellas, el Comité compuesto por 18 expertos independientes dialogará con la delegación peruana sobre asuntos relativos a la promoción y protección de los derechos humanos en el país.
La lista de temas que probablemente serán discutidos en la reunión se encuentra en el siguiente link:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/461/91/PDF/G1246191.pdf?OpenElement
El gobierno del Perú ya ha enviado el informe del Estado sobre la implementación de sus obligaciones ante el Comité; y varias organizaciones no gubernamentales también presentaron reportes para ser considerados por el Comité.
Las sesiones serán transmitidas en vivo a través del siguiente link: http://www.treatybodywebcast.org/.
Las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre Perú serán publicadas en el sitio http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs107.htm el 28 de marzo de 2013, tras lo cual podrán solicitarse entrevistas con los integrantes del Comité. Para solicitar una entrevista con un integrante del Comité, por favor contactar a la Sra. Sindu Thodiyil (+41 22 917 92 61./sthodiyil@ohchr.org)
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Que opina usted? Urgente: Brutalidad policial en Pataz - 15/03/2013 01:09:08 p.m.
" ¡Ni un muerto más!Dos civiles muertos como resultado de operativo policial en Parcoy (provincia de Pataz)
Lamentamos la muerte de los ciudadanos Oljer Fernández Pizán y Joel Rufino Mendoza García (19 años), como resultado de la intervención de las fuerzas policiales en el centro poblado de Parcoy, provincia de Pataz, La Libertad. Ya son 26 el número de muertos como resultado del accionar de las fuerzas del orden en el gobierno del actual Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso.
De acuerdo a la información que nos ha llegado de la zona, en la madrugada del día de hoy un contingente de 150 efectivos de la DINOES habría realizado un violento operativo para proteger los intereses del Consorcio Minero Horizonte, ocasionando la muerte de dos mineros informales. Asimismo, se nos informa que al menos cuatro civiles han resultado gravemente heridos como producto de la intervención policial.
Por otra parte, nos informan que la población se encuentra en estos momentos expresando su indignación ante lo sucedido por medio de acciones de protesta en la vía pública, por lo que tememos que la Policía Nacional realice nuevas acciones de uso abusivo de la fuerza.
Ante esta grave situación, nos hemos dirigido al Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, solicitando que adopte con carácter urgente las medidas necesarias para asegurar el estricto cumplimiento de los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, los cuales rechazan el uso de armas letales para el control de disturbios y acciones de protesta social. Del mismo modo, hemos solicitado que tome las disposiciones necesarias para garantizar que se realice una investigación exhaustiva sobre los hechos ocurridos y los responsables.
Estos hechos se suman a la denuncia de tan sólo hace tres días, cuando un reportero de El Comercio documentó el accionar abusivo de efectivos de la DINOES ante personas desarmadas, en la misma provincia de Pataz. De igual forma, a inicios de semana, Rocío Silva Santisteban denunció en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la privatización de la Policía Nacional del Perú, como resultado de convenios que permiten que la PNP, generalmente la DINOES, alquile su servicio a empresas privadas.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es un colectivo de 81 instituciones que en todo el Perú trabajan en la promoción y defensa de los derechos fundamentales.
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Interesante, En nombre del progreso - 12/03/2013 10:19:35 a.m.
"Por Rocío Silva SantistebanLa Oficina de Conflictos Sociales se convirtió ahora en la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad y la ministra de Justicia, Eda Rivas, ha dicho en una audiencia de la CIDH el día de ayer que no se trata solo de un cambio de nombre sino de un cambio de perspectiva. Sin embargo, y a pesar de las buenas intenciones, continúan muchas de sus lógicas para responder autoritariamente a los que protestan contra un modelo de desarrollo que privilegia el extractivismo sobre otras formas de producción, por supuesto, siempre en nombre del progreso y del desarrollo. Eso fue lo que la delegación de la sociedad civil demostró ayer en la audiencia sobre "Protestas Sociales en el Perú" realizada en la CIDH en Washington DC.
Lamentablemente la criminalización de la protesta, la militarización de las zonas de conflicto, el uso letal de la fuerza, las normas que flexibilizan la participación de las Fuerzas Policiales, el hostigamiento judicial contra líderes indígenas (la semana pasada la fiscalía de Bagua pedía cadena perpetua para Santiago Manuin), las 649 denuncias contra diversos defensores de derechos, desdicen de esa propuesta de buena voluntad y de respeto a los derechos humanos. Y por supuesto que esta manera de entender los conflictos va de la mano con una serie de "sentidos comunes" que incluso la nueva Oficina de Diálogo y Sostenibilidad repite en su último informe Willaqniki N.3. En el intento por plantear una comprensión "cultural" del problema se esencializa una compleja realidad en tres tipos culturales (los andinos, los criollos populares y los criollos-cosmopolitas) planteando una especie de horizonte evolutivo de menos a más (aunque los cosmopolitas también podrían ser racistas). Entonces se caracteriza a los andinos como desconfiados, ambiguos, con motivaciones irracionales. Se excluyen las relaciones de los andinos con un Estado históricamente clientelista, autoritario y centralista.
La antropóloga y profesora de la PUCP María Eugenia Ulfe también se extraña de un informe con tanto estereotipo. Dice en el penúltimo boletín de Noticias SER "por un momento pensé que leía un texto clásico de autores indigenistas de inicios del siglo XX y no el informe preparado desde la Presidencia del Consejo de Ministros y publicado en febrero de 2013 […] se representa un Otro que es naturalmente "conflictivo" y enfrentado históricamente a la minería". De hecho una de las ideas claves del texto son las diversas estrategias "soterradas" de los andinos para "negociar" como si se tratara de individuos ladinos por antonomasia.
En la audiencia que sostuvimos el día de ayer en la CIDH en la cual mencionamos este informe para hablar del "continuum de la violencia", el procurador supranacional Luis Huerta nos conminó a no comparar la situación actual del Estado peruano con la época de la violencia política.
Obviamente, desde la CNDDHH, sabemos en carne propia de la gran diferencia. Sin embargo, y vuelvo a citar a Ulfe, "[en Willaqniku] no hay una mínima reflexión siquiera a nuestra historia reciente de conflicto armado ni pensar el país de posguerra que somos". Finalmente Huerta sostuvo que se usan los derechos humanos para defender intereses ideológicos. La verdad que este argumento no se escuchaba en foros internacionales desde la época de Fujimori.
Publicado en Kolumna Okupa del diario La República, 12/03/2013
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Noticia, Rocío Silva Santisteban advierte en la CIDH: "Se está privatizando la Policía Nacional del Perú" - 11/03/2013 10:17:37 p.m.
"En el marco del 147° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se llevó a cabo hoy lunes 11 de marzo la audiencia titulada "Derechos humanos y protesta social en Perú". En la parte peticionaria estuvieron Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Mar Pérez, directora del área DESC de la CNDDHH, David Velazco, director de Fedepaz, Mirtha Vasquez, directora del área jurídica de Grufides, y Alejandra Vicente, de CEJIL.De izquierda a derecha, Alejandra Vicente, Mirtha Vásquez, Rocío Silva Santisteban, David Velazco y Mar Pérez.
Recordando la cifra de 24 civiles muertos como resultado del accionar de las fuerzas del orden en el marco de los conflictos sociales, incluyendo menores de edad, además de la cifra de 649 heridos (cifra de la Defensoría del Pueblo), Silva Santisteban explicó que el Estado peruano ha movilizado centenares de efectivos policiales y militares a pueblos pequeños, pero de forma más preocupante aún, que se han firmado convenios entre la Policía Nacional y las diversas empresas extractivas, "privatizando la Policía Nacional del Perú". Silva Santisteban lamentó haber llegado a esta situación, producto de la defensa de las inversiones de empresas y corporaciones multinacionales en industrias extractivas, dado que se privilegia el modelo primario exportador como motor del desarrollo del Perú.
Mar Pérez denunció que se ha vulnerado el carácter excepcional de la declaratoria del estado de emergencia, figura usada en los conflictos de Conga y Espinar, recurso que ha servido como el "escenario de detenciones arbitrarias, torturas a defensores y periodistas, así como un sistemático uso abusivo de la fuerza". Velazco, por su parte, advirtió de una serie de normas que favorecen en la práctica la criminalización de la protesta y la impunidad, como el DL 1095, que permite el uso de la fuerza por parte de las FF.AA. en el marco de una protesta social en contra de civiles, creando un "escenario de guerra que hace que para juzgar supuestos delitos que se puedan haber cometido en esas circunstancias no se aplique el derecho internacional de derechos humanos sino el derecho internacional humanitario, pensado para la guerra". Mirtha Vásquez hizo énfasis en las leyes que permiten alquilar los servicios de la PNP a empresas privadas, especialmente empresas mineras.
Vea la sesión completa, incluida la respuesta del Estado peruano.
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