Interesante, Columna de reporteros - 21/03/2013 12:40:32 p.m.
"TweetGustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés)
Reproducción de la columna "Las palabras" publicada en la edición 2275 de la revista "Caretas".
Dicen que Sí, pero al final es ¡No!
El Perú nació anhelando una democracia vigorosa pero le tocó tenerla raquítica. Una y otra vez a lo largo de la historia la vimos perecer sin superar la infancia. La excepción es la que surgió tras la caída del fujimorato. Ya ha alcanzado la adolescencia y, aunque no muy atlética y vigorosa su sola supervivencia la fortalece.
Sin embargo, cada elección a lo largo de estos trece años ha sido un caso de vivir peligrosamente. En el Perú la influencia de ideas, sentimientos y pasiones antidemocráticos ha sido siempre fuerte. Esta nación fue el centro de la dominación colonial en Sudamérica, su corte virreinal, la sede de la reacción abascalina. Su ADN se perpetúa hasta hoy en buena parte de una clase que siempre quiso mandar sin dirigir, transida de nostalgia por el Visitador Areche.
Pero, en cada ocasión, el peligro fue conjurado cuando se definió en el nivel plebiscitario: las segundas vueltas en el 2001 y el 2011; y ahora en el intento de revocación de Susana Villarán.
¿Qué lo hizo posible? El arte del manejo de campaña, de la estrategia electoral, puede utilizarse negativamente con éxito (como fue el caso en 1990 con la campaña de demolición contra la candidatura de Mario Vargas Llosa, que llevó al triunfo a Fujimori), pero también puede utilizarse con éxito para prevenir desenlaces como ese, que estuvieron cerca de suceder.
El 2001, en segunda vuelta, un recién retornado y exonerado Alan García logró pasar a la segunda vuelta y enfrentar a Alejandro Toledo. Asediado este por denuncias, perdiendo cercanos colaboradores que se convirtieron en denunciantes, muy pocos se atrevían a apostar por Toledo. Frente a él Alan García parecía el candidato imbatible. Acababa de superar, con astucia y sentido de la oportunidad, a Lourdes Flores y aparecía rodeado de la aureola de candidato taumatúrgico, el flautista de Hamelin de las campañas electorales.
Frente a él, Alejandro Toledo no parecía tener posibilidades. No importaba que Toledo hubiera encabezado la lucha contra la dictadura fujimorista en su etapa final; ni parecía tampoco importar que García no solo hubiera convertido su gobierno previo en una sinfonía de desastre y corrupción, sino que hubiera sido él quien hizo posible el triunfo de Fujimori. En la lógica perversa de nuestra historia, García trajo a Fujimori y Fujimori traía a García.
Sin embargo, Toledo terminó ganándole sin atenuantes a García. Nada aguza tanto la inteligencia como la sombra del cadalso, según el viejo proverbio, y la perspectiva del desastre disciplinó a Toledo y lo hizo trabajar más de cerca con su equipo de asesores y estrategas de campaña, que eventualmente superaron la de García en todos los niveles, hasta el punto que este tiró la toalla dos o tres días antes de la votación.
Las elecciones de 2006 fueron difíciles, y hubo que tomar la dura decisión de apoyar a García, pero el resultado estuvo más o menos claro tiempo antes de la elección en segunda vuelta.
El 2011 fue el momento más peligroso para la democracia desde la caída del fujimorato. El escenario de pesadilla se presentó y hubo muy pocos que pensaran que Ollanta Humala tenía alguna posibilidad de vencer a Keiko Fujimori. Y sin embargo la batió convincentemente. En el proceso, Humala asumió el estandarte de la defensa de la democracia, en un juramento memorable, que lo llevó a la victoria y que hasta ahora, dos años después, ha cumplido cabalmente.
Humala tuvo una sobresaliente estrategia electoral, asesorada en buena parte por Luis Favre, un argentino nacionalizado francés y residente en Brasil, cuyo evidente talento como asesor de campaña se prolongó luego en la consejería política y lo llevó a un acerbo enfrentamiento con ex asesores de izquierda de Humala luego de salir estos del gobierno.
Si la segunda vuelta del 2011 merece ser estudiada en detalle por la estrategia de campaña de la coalición vencedora; la elección revocatoria en contra de Susana Villarán fue quizá más difícil en términos de plan de campaña, pues hace menos de tres meses la diferencia entre el Sí y el No parecía inalcanzable.
Una encuesta de Ipsos Apoyo en noviembre del año pasado le daba una ventaja de más de 30 puntos porcentuales al Sí. Un 65% de encuestados decidía (con tarjeta) a favor del Sí, mientras que solo un 31% por el No.
Fue entonces que el ex primer ministro de Humala, Salomón Lerner Ghitis, luego de hablar con Susana Villarán contactó a Luis Favre ,a quien había conocido bien en la campaña de 2011, para que viniera a ayudar en la campaña por el No. Favre aceptó y llegó hacia fines de enero con un equipo de unas cinco personas.
El Apra, entre tanto, se había incorporado a la campaña por la revocatoria. Hugo Otero, el estratega aprista, marcó el tono al impugnar la presencia de Favre por ser extranjero. Luego hubo portátiles movilizadas frente a la embajada de Brasil (Favre es argentino, con pasaporte francés) y un hotel, para protestar por su presencia.
El tiro les salió por la culata.
La incorporación de Favre trajo un manejo profesional, bien organizado a la campaña por el No, pero hubo otros factores de gran importancia también. El apoyo del PPC, y de Lourdes Flores en particular, tuvo un gran impacto. La rival de Susana Villarán salía a hacer una campaña elocuente, articulada y optimista en defensa de la autoridad municipal. Se sumaron rostros y posiciones defendidas con claridad y elocuencia. Desde Anel Towsend hasta Enrique Juscamayta, una cantidad de nuevos rostros se sumó a la defensa coherente de gestión que hicieron regidores como Marisa Glave y Eduardo Zegarra. En pocas semanas, la campaña por el No dejó de parecerse al gato Silvestre, con sus perpetuos traspiés y fracasos, para funcionar con articulación y lógica.
Del otro lado, la campaña por el Sí fue una sucesión caricaturesca de errores, metidas de pata y superlativas estupideces que resultaban exageradas hasta para un grupo de testaferros políticos fingiendo un liderazgo que sus manejadores no se atrevían a asumir abiertamente.
Perder más de 30 puntos porcentuales en dos meses es algo fuera de lo común, incluso en el Perú. Pero eso pasó con el Sí. A comienzos de marzo, el tracking del No dio un empate técnico. Sin embargo, ahí paró por algo más de una semana, el crecimiento del No, por los problemas urbanos que se desataron en esos días.
Pero el desastroso manejo de la campaña del Si durante la última semana le dio el margen necesario al No para terminar venciendo una revocación que poco antes parecía inevitable.
Terminada la campaña, ahora se inicia una etapa que quizá sea corta pero siempre divertida. Twitter en mano, Favre se ha lanzado a enfrentar en guerrillas verbales a sus detractores, entre los cuales destaca "Claude Maurice" (así lo llama Favre) Mulder y, por supuesto, el derrotado Hugo Otero.
Desde alusiones a la nacionalidad suiza de "Claude Maurice" hasta la francófila marsellesa aprista y metáforas napoleónicas ("Claude Maurice, demain tu verras le soleil dAusterlitz"), el intercambio de dardos verbales ha estado más predicado en la animosidad que en la agudeza. Pero hay uno que debe saber particularmente amargo, dirigido por Favre a su entrañable detractor: "Claude Maurice, en mi trabajo se gana y se pierden elecciones. Pero nunca perdí una en que le llevase 30 puntos al adversario".
Invectivas aparte, esos 30 puntos describen la dramática campaña y la espectacular victoria del No. El margen estrecho no importa, sino que en menos de dos meses la ventaja de 30 por ciento del Sí se haya convertido en victoria del No?
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Que opina usted? Carta ministerial - 16/03/2013 05:15:48 a.m.
"TweetPor Gustavo Gorriti y Romina Mella.-
En las cuatro entregas que IDL-R ha publicado hasta ahora sobre el caso Global CST, algunas revelaciones fundamentales saltaron a la luz.
El caso involucra la acción de tres ministros del régimen de Alan García. Dos como ministros de Defensa (Ántero Flores Aráoz y Rafael Rey) y uno como lobiísta: Hernán Garrido Lecca, quien empezó como agente de influencia de Global CST en Perú, y pasó a ser su consultor en Guinea.
La historia de este caso empieza, hasta donde se conoce, en abril de 2009 y termina en julio de 2010. Una parte preparatoria importante se da durante la gestión de Flores Aráoz como ministro; y toda la parte de definición, contrato y ejecución ocurre durante la gestión de Rafael Rey.
Las acciones de lobby de Garrido Lecca, por lo menos las que se conoce hasta ahora, sucedieron bajo la gestión de Flores Aráoz.
Ninguno de los que defienden el contrato con la compañía del general Ziv se anima a explicar la presencia de Garrido Lecca en esta transacción. Porque el exitoso lobiísmo de este parece quitarle tracción a sus explicaciones.
Hernán Garrido Lecca, ex ministro aprista de Vivienda y Salud. (Foto: Congreso de la República).
¿Cómo se hizo para lograr que la oferta de entrenamiento militar de la compañía Global CST terminara siendo escogida a dedo, bajo secreto militar, con la modalidad de "servicios personalísimos" (que es el término huachafo con el que se designa el contrato del Estado con quien provee un bien o servicio en condiciones únicas o singularmente ventajosas), sin ninguna competencia?
Es una historia de pocos meses y muchos hechos reveladores.
Flores Aráoz ha repetido que él no veía mayor interés en la oferta de la compañía de Ziv: "Nunca jamás, la verdad que no se me había ocurrido, además no le veía en lo personal el expertise [sic] a un país que está en zona sumamente árida respecto a operaciones que tienen que hacerse en zonas de gran boscosidad, como la selva", indicó el ex ministro en una entrevista concedida a Ideeleradio el pasado miércoles. Según dice, no volvió a saber de la compañía durante el resto de su gestión.
Pero hubo novedades importantes cuando Flores Aráoz era todavía ministro. El 10 de junio de 2009 (apenas cinco días después de los sangrientos sucesos de Bagua), Global CST presentó una propuesta formal titulada: CACT , Capacidades Avanzadas Contra-Terrorismo a nivel del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú , Propuesta.
La propuesta de 22 páginas describía el curso CACT de entrenamiento por 8 meses a un costo de $9 millones 600 mil dólares. El cronograma de pagos establecía un 30% a la firma del acuerdo; otro 20% luego de 3 meses de entrenamiento; un 25% adicional a los 6 meses; y el 25% final 8 meses después del inicio.
Israel Ziv, fundador y presidente de Global CST. (Foto: Global CST).
La oferta de Global CST era esperada por el Comando Conjunto. Según información fidedigna proporcionada a IDL-R, el general Contreras recibió a Ziv poco después de la entrevista de este con Flores Aráoz y viajó luego a Colombia, donde permaneció cerca de una semana. A su retorno, el Comando Conjunto empezó a ver las disposiciones necesarias para contratar expeditivamente a Global CST.
Entonces sucedió lo que ni Contreras ni sus oficiales del Comando Conjunto esperaban.
Otra compañía israelí presentó una oferta competitiva con la de Global CST, el mismo mes de junio de 2009.
Se trataba de Armaz, una compañía cuyo presidente era otro general retirado israelí, Arie Mizrahi. La propuesta de Armaz tenía otras siglas (Solución Exhaustiva para Antiterrorismo, o SEPA), pero parecidos métodos descritos en su oferta de 47 páginas.
La oferta de Armaz tenía un costo de $5 millones 900 mil dólares, considerablemente menor que la de Global CST.
El ahorro posible no fue, sin embargo, bienvenido en lo absoluto en el Comando Conjunto. Si había competencia no podía darse la adjudicación a dedo a la compañía ya designada.
Entre tanto, se produjeron cambios importantes.
El premier Yehude Simon renunció el 8 de julio y con él se fue el ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz. El nuevo gabinete, presidido por Javier Velásquez Quesquén incorporó como nuevo ministro de Defensa a Rafael Rey, quien asumió su nuevo cargo el 11 de julio de 2009.
Poco antes, a fines de junio de 2009, el jefe de Estado Mayor de la Marina, vicealmirante AP Alberto Lozada Frías, fue procesado judicialmente por presunta corrupción. Su lugar fue ocupado por el hasta entonces jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto, vicealmirante AP Jorge de la Puente Ribeyro. El puesto vacante fue asumido por el vicealmirante Reynaldo Pizarro, quien tuvo un papel central a partir de ese momento en las negociaciones con Global CST y Armaz.
Vicealmirante Reynaldo Pizarro Antram, ex jefe de Estado Mayor del CCFFAA. (Foto: Air Force Special Operations Command).
El 21 de julio, Pizarro envió al general Contreras una hoja de recomendación (Nº 005 EMCFFAA/D-2) que tenía como asunto "Situación y requerimientos de la Inteligencia y Operaciones en el VRAE".
En el documento, Pizarro recomienda la contratación de una asesoría especializada con experiencia en el combate a organizaciones terroristas en países latinoamericanos. En la redacción de la hoja de recomendación solo faltaba poner el nombre de Global CST como la compañía indicada. Sin embargo, Armaz no se dio por aludida.
El 23 de julio, Pizarro dirigió un cuestionario de 10 preguntas en forma simultánea a Global CST y Armaz. La tercera pregunta, sobre todo, estaba hecha para destacar las ventajas comparativas de la compañía de Ziv. Pedía describir la "experiencia en el entrenamiento de grupos de combate para operaciones especiales de captura de Blancos de Alto Valor de organizaciones guerrilleras/terroristas en países Latinoamericanos" [sic].
Global CST no tuvo, por supuesto, problema en responder a esa pregunta hecha a la medida. Armaz, a su turno, optó por una salida inteligente: "…el entrenamiento de grupos de combate para operaciones especiales difiere de un país al otro, aún en el marco de los países latinoamericanos".
Es decir, Armaz seguía en la competencia.
En forma reveladora, sin embargo, menos de cinco días después de recibidas las respuestas de Armaz y Global CST, el jefe del Comando Conjunto, general EP Francisco Contreras pidió al nuevo ministro Rey mediante un oficio del 31 de julio una asignación presupuestal para pagar el "Proyecto Especial para contar con Asesoría, Entrenamiento y Dirección altamente Especializada para las Fuerzas Armadas". El monto para asignar, señala Contreras, es de 9 millones 600 mil dólares, además de los impuestos "que corresponden".
General EP (r) Francisco Contreras, ex jefe del CCFFAA, en la comisión de Fiscalización del Congreso. (Foto: Congreso de la República).
La cantidad es exactamente igual a lo que había pedido Global CST. En términos económicos, a pesar de que supuestamente había todavía un competidor, la decisión estaba claramente tomada y el proceso de selección tenía nombre propio.
Sin embargo, Armaz persistía en competir, y es ahí donde entra Rafael Rey.
El 6 de agosto, Rey envió una carta a Avigdor Lieberman, entonces ministro de Relaciones Exteriores y vice primer ministro de Israel, que había estado de visita en el Perú a fines de julio.
La carta oficial está escrita en un inglés tan gramaticalmente rechinante que parece redactada por el traductor automático de Google. Uno solo puede imaginar la expresión de Lieberman al leerla. Pero, pese al fraseo, el mensaje emerge con claridad.
Rey indica que el gobierno peruano buscó a Global CST y que el proceso de validación "included conversations between our country"s leadership with their Colombian Counterparts" ("…e incluyó conversaciones entre los líderes de nuestro país con sus contrapartes colombianos").
(Véase cómo coincide esto con la respuesta de Ziv al cuestionario de Pizarro, el 26 de julio de 2009: "Entendimos que el presidente ha hablado con el Presidente Colombiano Uribe. Todas sus recomendaciones fueron de mucho apoyo").
Ex presidente Alan García y ex canciller de Israel Avigdor Lieberman durante su visita al Perú en julio de 2009. (Foto: Agencia Andina).
En la carta a Lieberman, Rey pasa a señalar con evidente fastidio a alguien que se zampó en la fiesta.
"En el último minuto, antes de iniciar el proceso de contratación con Global CST, una segunda compañía de nombre Armaz Group apareció, sosteniendo que también cuenta con experiencia en contrarrestar guerrillas y terror en niveles estratégicos y operacionales".
A continuación, Rey le informa al canciller israelí que "el proyecto del que se ha hablado es de la máxima prioridad nacional en el Perú y no una competencia de negocios, y el gobierno no puede permitirse el terminar con una compañía de menor capacidad y sin experiencia".
El penúltimo párrafo es de antología. Rey le pide a Lieberman, en un torturado inglés, que "apreciaré su gentil ayuda en aconsejarnos (o indicarnos) la organización relevante en el Estado de Israel tal como nos ofreció en nuestra reciente reunión el 26 de julio en mi despacho, con el propósito de proveernos la mejor opción sobre la trayectoria y la experiencia de ambas compañías, a la luz de los criterios que he mencionado con énfasis en asistir la contra guerrilla y el terror en América Latina, de manera que podamos tomar la decisión adecuada".
El último párrafo es más corto pero no menos sorprendente: "Mantenemos un alto aprecio respecto del fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países y ministerios de Defensa, y vemos su asistencia en esta inusual petición como parte de la asistencia israelí que necesitamos en este momento".
No hay registro de una respuesta del entonces canciller Lieberman, pero es evidente que hubo diálogo con las compañías, porque cuatro días después, el 10 de agosto, Armaz remitió una carta a Contreras en la que indica que "…en los últimos dos meses nos hemos dado cuenta que en el tema de la actividad por desarrollar en el VRAE existe la preferencia de Uds. por trabajar con una empresa única en un país vecino. Por esta razón, con el conocimiento y la comprensión que este tipo de trabajo requiere (…) hemos decidido retirar la propuesta de cotización que hiciéramos sobre este asunto".
Con Armaz fuera de juego, la contratación a dedo se hizo a toda la velocidad posible que permiten los carriles de la burocracia peruana.
Así, el 19 de octubre, luego de una sucesión de papeleos, Rey firmó la resolución para contratar a Global CST bajo secreto militar por servicios personalísimos.
Al día siguiente se firmó el contrato con la compañía.
En medio de los apuros, la torpeza de ciertos trámites es de antología. Por ejemplo, ese mismo día, el entonces jefe de la unidad de Logística de la oficina de administración del Comando Conjunto, teniente primero AP Miguel Horna, presentó un estudio de mercado, que parece una rápida búsqueda en yahoo, sobre compañías, trabajos logísticos y operativos en Colombia, que no tenían nada que ver con el Perú. El "estudio" fue hecho para llenar a como de lugar un requisito.
Hubo otros requisitos que no se llenaron y que luego se cumplieron a medias con un inesperado tramitador, el general Contreras. Fue él quien inscribió a Global CST en el Registro Nacional de Proveedores, ocho días después de la suscripción del contrato.
Así que Global CST inició su relación legal con el Perú teniendo al ministro Rey como gestor, al general Contreras como tramitador y al ex ministro Garrido Lecca como lobiísta y "consultor" en Guinea?
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Interesante, Caso Dan Cohen: El epílogo - 15/03/2013 10:50:25 p.m.
"TweetEn una inesperada información a través de una nota de prensa, la presidencia del Consejo de Ministros anunció hoy el arresto del ex juez israelí Dan Cohen, cuya extradición fue solicitada desde varios años atrás por el gobierno de Israel, que lo acusaba por delitos de corrupción.
Ex juez israelí Dan Cohen. (Foto: La República).
Durante la última parte de su mandato, el gobierno de Alan García denegó la extradición de Cohen. Desde entonces, Cohen vivió en libertad en Lima, aparentemente a salvo de la justicia de su país. Pero, como informa la nota de prensa de la PCM, "Este año el Ejecutivo revisó la solicitud,… [de Israel] y el Consejo de Ministros aprobó la extradición de Cohen, quien será puesto a disposición de las autoridades israelíes en las próximas horas".
Desde febrero de 2010, IDL-Reporteros informó en detalle sobre el desarrollo del caso Cohen en el imprevisible y con frecuencia pintoresco escenario judicial en el Perú. La primera nota: "Uno de los mayores casos de corrupción de Israel se decide en Lima", reveló el trasfondo del caso y los cargos por corrupción en contra de Cohen. IDL-R reveló también quiénes constituían la red de apoyo para Cohen aquí, siendo Baruch Ivcher el más notorio entre ellos.
A lo largo de 2010, IDL-R escribió más de una docena de notas sobre las controversias judiciales de todo orden relacionadas con el caso Cohen. Finalmente, en enero de 2011, el gobierno de Alan García rehusó extraditar a Cohen, con lo cual el caso pareció haber terminado. Hasta hoy.
Cohen fue arrestado cuando manejaba su auto en la avenida del Ejército, junto al cruce con Toribio Pacheco?
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Es Noticia, Columna de reporteros - 14/03/2013 03:01:30 p.m.
"TweetGustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés)
Reproducción de la columna "Las palabras" publicada en la edición 2274 de la revista "Caretas".
Nada predestina el pesimismo
El estentóreo discurso con el que el general PNP (r) Raúl Salazar entregó el cargo de director general de la PNP singularizará su recuerdo como la del general cuya acción más resonante en su carrera fue su despedida.
Cuestión de estilos, se dirá, sobre todo cuando la trayectoria define el estilo.
Ahora, cuando la ruidosa anécdota de La Campiña cierra una página piadosamente olvidable, el ministro Pedraza gana un respiro político y la PNP un nuevo comando, debiera ser el momento de plantear estrategias de acción policial. Cuya ejecución permita una mejora razonablemente rápida y, sobre todo, perceptible en la lucha contra el crimen y por una mejor seguridad ciudadana.
Hay dos ejes de acción que deben ejecutarse simultáneamente, con objetivos mensurables, en un plazo corto.
Uno es la represión de la criminalidad organizada; otro, el control de robos, hurtos, menudeo de drogas, asalto callejero: lo que define la percepción y gran parte de la realidad de la seguridad ciudadana.
En cuanto a lo primero, es cierto que el Perú no tiene, por fortuna, ni una fracción de la presencia del crimen organizado que sufren ,en grados y formas diferentes, naciones como México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia o Brasil. Las organizaciones criminales en el Perú son mucho más incipientes, de menor dimensión, calibre, influencia y peligrosidad. Pero están creciendo.
Desde las mafias extorsivas en construcción civil hasta otras de ámbito más general en sus extorsiones en el norte del Perú, es evidente que se está produciendo una expansión en el número de bandas dedicadas a vivir y lucrar a través de la amenaza o ejecución de violencia.
Algunas han organizado sus exacciones y depredaciones con lógica empresarial, clasificando a sus víctimas por territorio y función. Por cierto que existe una relación proporcional directa entre el número de víctimas y, sobre todo, su importancia, con el nivel e intensidad de amenaza. Si se quiere extorsionar a un gremio numeroso, con capacidad de organización; o a empresarios que están en condiciones de contratar seguridad, la amenaza debe contener la suficiente promesa de brutalidad o de daño insoportable, como para vencer resistencias que harían frente a una amenaza menor.
El crecimiento económico del país propicia el de mafias criminales, sobre todo cuando existe un notorio desbalance entre la actividad económica y la solidez institucional. Que es precisamente nuestro caso.
Las instituciones no se fortifican, ni mejoran cualitativamente su cultura de deber y de servicio, en corto plazo. A la vez, la represión eficaz de la criminalidad no puede esperar.
La respuesta en el corto plazo al dilema de la necesidad frente a la carencia en el ámbito del crimen organizado, es la de una fórmula de acción policial que, cuando se ha aplicado bien en el pasado, siempre ha tenido éxito: la de unidades selectas y especializadas dentro de la Policía, bajo el comando y control de los mejores oficiales.
En la década de los ochenta en el siglo pasado, una primera epidemia de secuestros en Lima fue enfrentada por un veterano general, Froylán Palacios, quien, armado sobre todo con una pequeña libreta repleta de notas, un viejo revólver y con la ayuda de otros policías trejos como él, desbarató en corto tiempo a casi todas las bandas. El secreto de su éxito fue que conocía. Sabía quién era qué entre las bandas y cómo se relacionaban entre sí. Y sabía también que un número relativamente pequeño de criminales audaces puede crear oleadas de miedo e intimidación (e imitación si no se controla rápido).
Lo mismo sucedió luego con otros grupos policiales: el grupo Cóndor, de la ex GC, en los 80; el hazañoso GEIN, de la ex PIP; y, más recientemente, la Divinesp-Dirandro, de la PNP.
La salida de Salazar ha permitido que la PNP sea comandada ahora por un especialista en orden público, el general PNP Jorge Flores Goicochea, secundado por investigadores hábiles, sobre todo el nuevo jefe de Estado Mayor, general PNP Carlos Morán; y el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, Dirincri, general PNP César Cortijo.
Morán fue quien en el pasado condujo a la Divinesp a sus mayores logros operativos. Ahora, apenas logre reconstituir la división que fuera desmantelada por Salazar en el último tramo de su gestión, debería ponerla a actuar no solo contra sus blancos históricos (fundamentalmente las organizaciones de narcotráfico), sino contra los grupos criminales de mayor calibre y entidad.
La Dirincri, también diezmada en las últimas semanas, debe ser sustantivamente robustecida (el ministro Pedraza ha afirmado que lo hará), sobre todo aquellos grupos que investigan a las bandas criminales más peligrosas.
La acción de la Policía en ese ámbito debe ir pareja con la del Ministerio Público y el Poder Judicial. Por su lado, el INPE necesita tener, mantener y administrar con eficiencia las cárceles de alta seguridad para criminales peligrosos. Estos no son muchos, y una acción persistente, enérgica e inteligente, puede frenar su crecimiento y reducir en tiempo relativamente corto su peligrosidad.
El segundo desafío, el de seguridad ciudadana, debe enfrentarse en la forma que aconseja y define una rica experiencia local, tanto en el Perú como en otros lugares en Latinoamérica.
La fórmula se enuncia en dos palabras: policía comunitaria; y con una metodología de acción basada en una coordinación estrecha con las municipalidades y en la organización y sostenimiento de juntas vecinales.
En este tipo de trabajo de seguridad, lo principal es la prevención, la creación de alternativas para los grupos de riesgo, las sanciones principalmente restitutivas, llevadas a cabo con prontitud y en la localidad afectada. Su ámbito de acción es el distrital, centrado en la municipalidad y la comisaría.
Hay varios casos de éxito en el Perú que, por desgracia, no se han incorporado como saber oficial por el Estado y convertido en doctrina. Así, la práctica de la policía comunitaria queda reducida a un grupo de comisarios con vocación por el acercamiento con los vecinos que protegen.
En lugar de inútiles reuniones burocráticas, el Estado, y sobre todo el ministerio del Interior, debería sistematizar las mejores experiencias de policía comunitaria en guías y métodos de acción verificables y medibles en sus comisarías. Una labor sostenida en ese aspecto, que no se diluya con el cambio de comisario, en la que las comisarías y distritos compitan o se emulen entre sí, tendría un impacto grande y llevaría a una mejora significativa de la seguridad de la gente en esos distritos.
¿Las compras? No hacen daño. Por lo contrario, ayudan. Pero lo principal es una visión clara del problema, una estrategia eficaz junto con voluntad y persistencia en su aplicación.
Así como un procesador de textos, por bueno que sea, no convierte a nadie en un escritor, ni siquiera en un buen redactor, de la misma manera, el equipamiento solo es una gran ayuda cuando los fundamentos organizativos y conceptuales son sólidos.
Ahora existe una oportunidad de hacer las cosas bien en cuanto a la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen. Es muy fácil perder esa oportunidad. Pero nada predestina el pesimismo?
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Noticia, General Raúl Salazar renuncia a la Dirección de la PNP - 05/03/2013 02:07:10 p.m.
"TweetEn medio de un huaico de denuncias, comprometedoras revelaciones y críticas de casi todos los sectores, el controvertido director general de la PNP, general Raúl Salazar presentó renuncia a su cargo el 6 de marzo, mediante carta al ministro Wilfredo Pedraza.
A continuación, el reportaje de IDL-R sobre el desmantelamiento de personal calificado en unidades policiales de importancia crucial, que ordenó Salazar y cuya revelación puede haber sido una de las razones que precipitó su salida.
Raúl Salazar, renunciante director general de la PNP (Foto: IDL-Reporteros).
El Comando de la Policía desmantela la Divinesp
En una de las más extrañas y contradictorias acciones tomadas por el Gobierno en el ámbito de la seguridad interna, la División de Investigaciones Especiales (Divinesp) de la Dirección Antidrogas de la PNP, acaba de ser desmantelada, para todo propósito práctico.
En efecto, la unidad sin duda más importante y eficaz en la lucha contra el crimen organizado y el senderismo, ha perdido, de un solo golpe, a 21 de sus 26 oficiales, como resultado de una medida sin precedentes por parte de la Dirección General de la Policía, bajo las órdenes de su controvertido director general, Raúl Salazar.
Los 21 oficiales han sido removidos de sus puestos dentro de los cambios de colocación en la Policía. Esos cambios fueron notificados el fin de semana pasado.
La altamente especializada Divinesp es la unidad responsable de la captura del líder senderista "Artemio"; de la acción que concluyó en la muerte del mando senderista del VRAE "William"; de la captura del espía Víctor Ariza; de la investigación y captura del narcotraficante Fernando Zevallos; de la investigación del caso Sánchez Paredes; de la investigación del caso de César Cataño; de la investigación por lavado de activos, del caso del ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta; el descubrimiento y arresto de los interceptadores en el caso BTR, entre muchos otros de alto perfil y gran importancia.
El pretexto para el cambio es el nuevo reglamento de la Policía que ordena que todos los oficiales sirvan cuando menos cinco años en provincias bajo sede provincial. Una dirección especializada como la Divinesp (aunque constantemente manda a sus efectivos por todo el Perú, pero con sede en Lima), conserva por varios años a sus policías, en tanto su preparación es costosa, prolongada y, además, constante.
En cualquier unidad, los cambios anuales no deben exceder un porcentaje relativamente bajo del total de efectivos, para garantizar la continuidad. Con mucha mayor razón en unidades muy especializadas como la Divinesp.
La única justificación para una medida tan radical se da en eventos de corrupción masiva. En el caso de la Divinesp, todos sus miembros pasan por exámenes periódicos de polígrafo.
El único aspecto discutible es el apoyo y la financiación directa, así como el aporte tecnológico que da el gobierno de Estados Unidos a esa unidad. Pero el caso es que el gobierno peruano siempre ha estado de acuerdo con ello y no ha interpuesto objeción alguna. De otro lado, la tecnología policial que presta el gobierno de Estados Unidos y el apoyo financiero para operaciones ha sido decisivo para los éxitos operacionales que ha tenido esta unidad.
Remover de un momento al otro al 90 por ciento de los oficiales de la unidad especializada, significa reducir su eficacia casi a cero. Los que han sufrido el cambio de la virtual totalidad de sus efectivos han sido los que se dedican a la investigación del narcotráfico y lavado de activos.
Los cambios, además, parecen haber sido hechos con encono. Uno de los oficiales mejor especializados en la lucha contra el narcotráfico ha sido enviado a la escuela policial de Puno. Otro, ha sido enviado a la jefatura de radiopatrullas en Huancavelica.
El hecho concreto es que a partir de hoy y hasta que se logre reconstituirla, la mejor unidad contra el crimen organizado ha quedado diezmada. El daño que se ha hecho a una serie de investigaciones en curso es, de acuerdo a lo que puede apreciarse desde ahora, sumamente alto.
Continúa el desmantelamiento de unidades policiales
La Divinesp no ha sido la única dirección policial que ha sufrido un virtual desmantelamiento. Otras unidades de gran importancia en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común están pasando ahora por un similar proceso de irracionalidad desbocada por parte del Comando Policial.
La Dirección de Investigaciones Criminales (Dirincri) también ha sido diezmada en el marco de los cambios de colocación, dispuestos por el general Raúl Salazar. Según indicó una fuente a IDL-R, "quieren enviar al mayor número de policías a comisarías y a prevención. Han desmantelado las divisiones más importantes con ese pretexto", dijo la fuente.
El año pasado, 2012, la Dirincri tuvo 379 oficiales asignados. Ahora, en 2013, a pesar del aumento de bandas criminales apenas se ha asignado a 263 oficiales.
Una de las divisiones más afectadas ha sido Secuestros. Han sido removidos entre 20 y 30 policías, muchos de ellos altamente calificados. La labor de esta división condujo a la captura, en diciembre pasado, del "Viejo Paco", líder de la banda criminal "La Gran familia". Fue un trabajo policial arduo y complejo, a cargo de oficiales expertos, buena parte de los cuales ha sido removido ahora.
Otras divisiones que han quedado disminuidas en su capacidad operativa son Homicidios y Alta Tecnología. Varios de los oficiales expertos en investigaciones y computación han sido asignados a unidades con sede en provincias (para cumplir con el reglamento policial) y otros al VRAE.
¿El resultado? Los ciberexpertos (algunos muy calificados) estarán tan perdidos en el VRAE como el experimentado comando de fuerzas especiales de selva que se destine a la división de Alta Tecnología.
En otro asalto a la lógica y la razón, la División de Robo de Vehículos (Dirove) que dependía, por razones más que obvias, de la Dirincri ha pasado a ser parte de la Dirección de Tránsito y de la Policía de Carreteras.
En este contexto, las palabras del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, en su presentación del martes 5 en el Congreso, sobre las acciones del gobierno en materia de seguridad ciudadana, suenan patéticamente vacías.
"Existe voluntad política" para enfrentar la delincuencia común y el crimen organizado. "No ignoramos la demanda en seguridad ciudadana que exige la población (…) este gobierno sí se preocupó por tener una estrategia clara", dijo Pedraza el lunes pasado en el Pleno del Parlamento.
La "estrategia clara" bajo las órdenes de Salazar, consiste en enfrentar a las organizaciones de narcotráfico y a Sendero, desmantelando la Divinesp; enfrentar a secuestradores y extorsionadores como "La Gran Familia", diezmando a la División de Secuestros; parar los robos de autos, parqueando a la Dirove, la División contra el Robo de Vehículos, en la Dirección de Tránsito; combatir el aumento de los asesinatos por sicariato, los robos agravados y los ataques de bandas, sacando a más de 100 oficiales (de un total que apenas supera los 350) de la Dirincri.
Se trata de un increíble sabotaje a su propia misión, que el Gobierno debe explicar, pero no antes de corregir?
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Es Noticia, El lobby y la presión - 02/03/2013 03:49:17 a.m.
"TweetPor Gustavo Gorriti y Romina Mella.-
En la primera nota, "El consultor peruano de Global CST", IDL-Reporteros reveló que en abril de 2009, Garrido Lecca acompañó al presidente de Global CST, el general retirado Israel Ziv, a visitar al entonces comandante general del Ejército, general EP (r) Otto Guibovich, para ofrecer los servicios de entrenamiento contrainsurgente de esta compañía por tres millones de dólares.
Sergio Tejada, presidente de la megacomisión que investiga los presuntos casos de corrupción en el gobierno de Alan García. (Foto: Congreso de la República del Perú).
Garrido Lecca había negado ante la megacomisión presidida por el congresista Sergio Tejada, haber realizado lobby alguno ante el gobierno peruano a favor de cualquier empresa. Esa nota demostró que no solo lo hizo, sino que mientras Global CST negociaba los términos de un contrato que finalmente llegó a costar casi 15 millones de dólares al Estado, Garrido Lecca llevaba a cabo una corta y lucrativa asesoría a Global CST en Guinea, por la que recibió ,según su declaración a Sunat, 369 mil 120.88 soles. A la vez, recibió ,de acuerdo con lo que declara, 65 mil 022 soles, en dos pagos, de la compañía Alex Stewart International (cuyo presidente, Enrique Segura, es el que obsequió las cajas con vinos Premium a Alan García, y quien hizo pagos ocultos al entonces presidente de PetroPerú, César Gutiérrez).
En la segunda entrega, "La llanta baja del general Ziv en Guinea", IDL-R examinó la controvertida gestión de Global CST en Guinea, por la que el gobierno de Israel castigó a esa compañía con amonestación y multa, según un reportaje del periodista de investigación israelí Yossi Melman .
La tercera entrega, "Influencias, mentiras y contratos" reveló que Garrido Lecca, luego de su entrevista con el general Guibovich, había gestionado y logrado una reunión de Ziv con el entonces ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, a la que él también asistió. El propio Flores Aráoz indicó que "Garrido Lecca me pidió que reciba a Ziv. Él vino a la reunión con Ziv". Flóres Aráoz señaló que recibió a esos dos visitantes antes de enviarlos a exponer ante el entonces jefe del Comando Conjunto, general EP (r) Francisco Contreras.
Sin embargo, el programa Cuarto Poder, que entrevistó a Flores Aráoz días después, descubrió, al examinar el libro de visitas, que habían sido cuatro y no solo dos los visitantes, el 30 de abril de 2009.
En efecto, el documento deja constancia que junto con Ziv y Garrido Lecca, entraron también, a las 8 de la noche, a las oficinas del ministro otros dos visitantes: Uzi Tishel, de la compañía israelí Elbit Systems y el colombiano Camilo Montaño Toro, representante de Helicopters Support, una empresa vinculada con la compañía estadounidense de helicópteros, Sikorsky. HS provee en exclusiva, según una nota de prensa de Sikorsky, los aparatos de visión y navegación nocturna para helicópteros que fabrica Elbit. La reunión terminó a las 9:45 de la noche.
Ántero Flores Aráoz, ministro de Defensa durante el gobierno aprista. (Foto: Congreso de la República del Perú).
Flores Aráoz se ratificó, nuevamente, en que solo ingresaron Ziv y Garrido Lecca a su oficina, mientras que Tishel y Montaño habrían permanecido en la antesala.
Ahora, IDL-Reporteros ha podido conseguir la versión de Global CST sobre ese primer encuentro, que difiere en varios aspectos de la del ex ministro Flores Aráoz.
Está contenida en un memorando confidencial enviado el 26 de julio de 2009 al "Vice Almirante Renaldo [sic] Pizarro", que era entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA y quien es ahora uno de los principales acusados por la Contraloría en la denuncia que esta ha hecho ante el Ministerio Público por el contrato con Global CST.
En la carta, Global CST afirma que "la idea de invitarnos salió a relucir en una reunión entre el Ministro de Defensa de Perú , Sr. Flores y un su asociado [sic] al cual le pidieron que encontrara la compañía Israelí que está trabajando en Colombia en estos temas. Este asociado contactó a Elbit ,una compañía israelí muy bien conocida con este tema ,la cual nos contactó por medio de su agente en Colombia. Después de haber sido hecho el contacto , fuimos invitados a una reunión con el ministro Sr. Flores en Mayo del 2009, en donde pasamos nuestros antecedentes y experiencia. El ministro nos refirió en esa reunión a conocer al Comandante del Comando General Conjunto [sic], General Contreras".
A lo que se ve, el "un su asociado" parece ser Hernán Garrido Lecca, cuya identidad Global trata de ocultar y proteger hasta del vicealmirante Reynaldo Pizarro, condiscípulo de Garrido Lecca en el Liceo Naval.
Lo interesante también es que, de acuerdo con ese informe, Garrido Lecca estableció el contacto con Global a través de Elbit, una de las mayores compañías de seguridad de Israel, que ya llevaba un tiempo en el Perú.
Para Flores Aráoz debe haber sido una sorpresa constatar que Elbit lo visitaba el 2009 acompañada por Hernán Garrido Lecca como gestor y propiciador.
Porque apenas un año antes, en enero de 2008, Rómulo León visitó a Flores Aráoz para solicitarle una cita con los representantes de Elbit. Luego, el 10 de enero de ese año, León Alegría le envió un correo electrónico a Flores Aráoz en el que le indica que "los amigos de Elbit-Israel están enviándote una carta confirmando la venida de Uzi Tishel para la cita en tu despacho el lunes 29 a las 12 m."
Rómulo León Alegría durante el proceso por el caso Petroaudios. (Foto: Andina).
En los meses siguientes, el ministerio de Defensa firmó varios contratos con Elbit.
Pero, un año después, el mismo ministro recibía al nuevo lobiísta en representación de la empresa, mientras el anterior se encontraba en el penal de San Jorge. Quizá observar eso lo puso particularmente precavido.
No fue la única circunstancia en la que se cruzaron en esos tiempos las acciones de lobby de Hernán Garrido Lecca y Rómulo León.
Desde el 2006 hasta el 2008, los roles de ambos habían cambiado notablemente. León , junto con dirigentes como Agustín Mantilla, era una de las bajas políticas más importantes del período 1985-1990. Garrido Lecca, en cambio, había pasado de ser jefe de campaña en la elección de 2006 a ministro de Vivienda primero y ministro de Salud después.
Había sido un próspero y feliz retorno del pródigo que en los 90 había acusado públicamente a Alan García y que aún en la elección de 2001 había candidateado en las elecciones al Congreso como segundo de la lista de la UPP, después de Francisco Miró Quesada Rada y un poco antes de Javier Diez Canseco, el único electo de los tres.
León se había convertido en el gestor local del empresario dominicano con nombre bíblico-tropical: Fortunato Canaán, hoy sinónimo del escándalo de los Petroaudios, pero entonces, a fines de 2007 y principios de 2008, el apetecido anfitrión en su suite del hotel Country, convertida en una especie de casa del jabonero para el liderazgo aprista, donde el que no caía, resbalaba. Canaán había sido visitado, entre otros, por Luis Nava, Mirtha Cunza, la secretaria de Alan García, Jorge del Castillo y, por supuesto, Hernán Garrido Lecca.
Garrido Lecca visitó unas tres veces a Fortunato Canaán, aunque fuentes familiarizadas con el pensamiento de Rómulo León recuerdan solo dos visitas. En la primera, León estuvo presente, pero fuentes cercanas a él sostienen que en la segunda habría dicho que le "sacaron la vuelta" y que no participó en ella. Cuando León le preguntó a Canaán por qué no había sido convocado, este le habría respondido, según las mismas fuentes, que "no era conveniente" que participe … "que habían hablado sobre la construcción de hospitales y los problemas que tenían".
Fortunato Canaán, empresario dominicano que fue figura central en el caso Petroaudios. (Foto: Perú 21).
En ese tiempo, como se recuerda, Garrido Lecca era ministro de Salud y Canaán había proyectado la construcción de hospitales en términos que sostenía iban a interesar en forma particular al presidente García.
Garrido Lecca aceptó haberse reunido unas tres veces con Canaán. Explicó que lo hizo en la suite de este, en el hotel Country "porque me gusta tomar desayuno [en el hotel], especialmente los huevos benedictinos".
Dado el apego de Garrido Lecca por la verdad, a juzgar por las mentiras recientemente descubiertas, es legítimo preguntarse si los huevos fueron verdaderamente benedictinos.
En todo caso, el escándalo de los Petroaudios estalló pocos meses después y, luego de unos días de extremada inquietud, Garrido Lecca llegó a la conclusión de que el huaico le había caído a otros, especialmente a Alberto Químper y Rómulo León.
En medio de la confusión del caso "Petroaudios", una compañía petrolera, Petro-Tech, fue acusada por algunos de los implicados en las parciales revelaciones del caso, de haber organizado el "chuponeo" de las comunicaciones. Los ejecutivos de la compañía negaron con vehemencia la acusación, mientras su dueño, William Kallop, ponía prudente distancia con el Perú y buscaba vender la compañía.
A principios de febrero de 2009 se llevó a cabo la venta de Petro-Tech a un consorcio formado por Ecopetrol, de Colombia; y National Oil Corporation (KNOC), de Corea del Sur. El precio de venta, transado en Estados Unidos, fue de 900 millones de dólares.
El entonces presidente, Alan García, muy descontento con la venta, pidió al Congreso que la investigara y declaró que: "Les dije (a los representantes de Colombia y Corea del Sur) que no le parecía al Gobierno del Perú muy conveniente y que resultaba hasta extraño y sospechoso [sic] esa venta".
El consorcio colombo-coreano, creado bajo el tan evidente desagrado presidencial, pasó a llamarse Savia Perú.
Sin embargo, circuló la savia y pronto, para sorpresa de muchos, se apaciguaron los ánimos. Tiempo después, al ser interrogado en enero de este año sobre sus consultorías ante la megacomisión, Garrido Lecca confesó haber sido también consultor de Savia Perú.
Cuando le preguntaron qué había hecho para esa compañía petrolera ,que le pagó 395 mil soles, según declaró a la Sunat, Garrido Lecca dio una larga explicación sobre un contrato de "responsabilidad social" centrado en torno a la maricultura, en particular, las en este caso muy pertinentes conchas de abanico. Indicó además que sus gestiones no fueron exitosas.
(Hernán Garrido Lecca en la megacomisión)
El enredado juego de decisiones de gobierno junto con gestiones de lobiístas apenas separados de sus funciones ministeriales, en rotundo conflicto de intereses y con esfuerzos especiales de ocultamiento, que tuvo lugar entre finales de 2007 y comienzos de 2010, es con certeza lo que más hay que investigar en el nivel fiscal en el caso de Global CST y en otros. La única explicación coherente de las múltiples irregularidades en la elaboración y ejecución del contrato es la de una decisión política que, al presionar, los causó.
¿Quiénes más, aparte de Garrido Lecca intervinieron en esta decisión política y la presión subsecuente? En la segunda página del memorando confidencial que envió Global CST al vicealmirante AP Pizarro, su firmante, el general Ziv, escribe, con su particular redacción española, que:
" Entendimos de nuestros asociados en Colombia que en paralelo a este proceso el Ministro de Defensa de Perú ha llamado a su homólogo Dr. Juan Manuel Santos, para tener referencia sobre nuestra compañía. En paralelo entendimos que el General Contreras ha hablado con su homólogo en Colombia , Gral. Freddy Padilla de León. Al mismo tiempo , entendimos que el presidente ha hablado con el Presidente Colombiano Uribe. Todas sus recomendaciones fueron de mucho apoyo.
Queremos enfatizar que en principio Global CST no inicia una propuesta al menos que está invitada".
Según Ziv intervinieron no solo ministros, sino dos presidentes.
El ex ministro Ántero Flores Aráoz declaró a IDL-R que no era cierto que él hubiera hablado con Santos.
Un detalle curioso, habida cuenta de su rechazo a la gestión de Garrido Lecca, fue que este propuso al general Otto Guibovich entrar a formar parte del directorio de su compañía inmobiliaria Desarrollos Salkantay. Fuentes cercanas a Guibovich afirman que este declinó el ofrecimiento?
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Que opina? Columna de reporteros - 28/02/2013 04:01:29 p.m.
"TweetGustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés)
Reproducción de la columna "Las palabras" publicada en la edición 2272 de la revista "Caretas".
La Policía en la era Cachiche
Seguridad de la gente, lucha contra el crimen: uno pensaría que se trata del tipo de problemas que se enfrenta con sentido común, mediante la aplicación de medidas más bien simples pero que requieren el tipo de acción diligente, coordinada y perseverante que define la artesanía política de un buen gobierno.
Pero, viendo lo que pasa, uno se pregunta qué diablos ha pasado con la capacidad de razonamiento básico al dictar políticas y ordenar medidas en el ámbito de la Policía y la seguridad ciudadana. ¿Por qué personas normalmente inteligentes desbarran de un error al siguiente mientras justifican sus antológicas metidas de pata con argumentos que ya solo provocan el compasivo pensamiento de que hay cargos que hacen daño?
Este gobierno, debo decirlo antes de proseguir, ha hecho muchas cosas bien. Por ellas merece la aprobación que tiene. Pero en otros aspectos, sobre todo en el ámbito de seguridad ,y especialmente en las áreas por las que incide o merodea Adrián, "ácido", Villafuerte,, los errores son tan constantes y marcados que ya no se explican como tales. Es ahí donde el gobierno se está abriendo flancos y desarrollando puntos débiles que podrán traerle serias consecuencias.
Permítanme dejar para el final lo más notorio de los últimos incidentes de crimen y torpeza para mencionar antes otros menos conocidos, que ayudan a explicarse el cuadro general.
Lo de las licencias de armas: para combatir el uso criminal de las armas de fuego, el gobierno tuvo la idea de reducir la vigencia de las licencias de cinco años a solo uno, y prohibir del todo las licencias para el calibre 9 mm. Luger, o Parabellum, incluso la renovación de quienes ya las tienen.
Atacar el uso criminal de las armas de fuego mediante el acoso a los dueños de armas con licencia es como intentar atacar el contrabando hostigando a los comercios formales. La inmensa mayoría de crímenes con arma de fuego se comete con armas ilegales. Algunas son las armas alquiladas por militares o policías corruptos y otras pertenecen simplemente al mercado negro de armamento.
Prohibir el calibre 9 Parabellum es puro cretinismo regulatorio. Ese calibre que no es, ni mucho menos, el más potente o letal entre las armas de puño, tiene la ventaja, para los dueños de armas, de munición relativamente abundante, a mejor precio. Eso permite entrenar más, cosa que todo dueño responsable de armas debe hacer.
¿Qué porcentaje de pistolas de ese calibre figura en los casos de uso delictivo de armas? Muy bajo; ínfimo si se trata de armas con licencia vigente.
El problema que hay con las licencias de armas es el de aquellas que han sido indebidamente entregadas a delincuentes. Por ejemplo, las licencias extendidas a las mafias extorsionadoras en construcción civil. La solución radicaba en verificar en forma ágil y rápida los antecedentes de los solicitantes, lo cual, en un gobierno interconectado, está a la distancia de una pantalla. El régimen anterior avanzó en ese aspecto, mientras el actual se encargó de desmantelarlo.
Hay mucho que investigar y controlar en el uso ilegal de armamento y, sobre todo, de explosivos. De hecho, el castigo por la posesión ilegal de lo uno y lo otro, debería ser más severo. En cambio, reemplazar la acción investigativa y regulatoria de la Discamec por el procesamiento anual de multitudes de solicitud de renovación a través de trámites sin término, puede ser el sueño húmedo de burócratas, pero es una manera segura de fracasar en el control de armas y explosivos ilegales.
México es, por ejemplo, una nación severamente restrictiva en cuanto a otorgar permisos a armas de uso civil; pero tiene un gigantesco, letal y descontrolado mercado negro de todo tipo de armamento. ¿Se quiere eso aquí?
El Estado tiene no solo el derecho sino el deber de exigir conocimiento y habilidad en el manejo y seguridad de las armas de fuego a todos sus dueños o usuarios. Eso es regulación. Pero lo otro: el concepto de una burocracia papeluchera, arbitraria e irracional, no solo es inútil sino contraproducente. Si se mantiene, no va a solucionar nada y va a empeorar mucho.
Las rebuznantes medidas sobre las armas y explosivos de uso civil, no cantan solas. Hay un coro de acompañamiento de otras, como las siguientes:
• Hace pocos días, en un evento sobre seguridad ciudadana en IDL, un número de comisarios policiales (mayores y comandantes) fue distinguido por sus notables logros en Policía Comunitaria. El ministro Wilfredo Pedraza estuvo en el acto. Al día siguiente, todos esos comisarios fueron sacados de sus puestos. Otra vez quedó claro que en la Policía de la era Cachiche no hay buena acción que quede sin castigo.
Así, el comandante Guillermo Bonilla, comisario de Ramón Castilla, en el Callao; el comandante Jhony Soriano, comisario de Túpac Amaru, en Comas; el mayor Edwin Méndez, comisario de Ciudad y Campo; el mayor Roy León, comisario de la Ensenada, en Puente Piedra, fueron removidos de sus comisarías y enviados a posiciones administrativas.
• Si la policía comunitaria es la forma más eficaz y menos traumática de prevenir y sofocar el delito en el nivel distrital, las unidades especializadas de la Policía son la mejor alternativa para enfrentar el crimen organizado y la subversión violenta. La especialización requiere, para rendir frutos, de una permanencia de años de los policías expertos en áreas específicas. Ese fue el caso, por ejemplo, de los que capturaron a "Artemio". Pero, pese a que esos oficiales vivieron la mayor parte del tiempo en provincias, ello no les cuenta como tiempo de servicio ahí, puesto que su comando estaba en Lima. Entonces, si quieren ascender, deben dejar sus unidades para servir en una de provincias, como ha sucedido con muchos policías en unidades especializadas, desde las antiterroristas hasta la Policía Aérea. Con eso, se pierde continuidad y se corta la acumulación sistemática de experiencias.
• Es cierto que el Perú tiene índices más bajos de homicidio que la mayor parte de países de América Latina, pero hay una tendencia al empeoramiento, sobre todo en términos del crecimiento del crimen organizado.
En ese contexto, el efecto simbólico de lo que sucedió en la Notaría Paíno y alrededores, es devastador. Que los policías, especialmente los centinelas de dos de las direcciones más importantes de la Policía, vecinas muy cercanas de esa Notaría, hayan parecido estatuas del museo de cera de Madame Tussaud , inmóviles mientras se producía el tiroteo a pocos metros de donde estaban, catatónicos cuando huyeron los criminales,, significó para la gente que éstos pueden hacer lo que quieran, cuando les de la gana. El asesinato del fotógrafo Luis Choy agravó esta sensación.
Está claro que no todo el problema se explica por la gestión del general PNP Raúl Salazar al frente de la Policía. Antes ha habido directores generales mediocres y venales, (excepto dos y tres que sí fueron eficientes), que agravaron los problemas preexistentes de ineficacia y corrupción que tradicionalmente ha padecido la PNP.
El problema es que el comando de Salazar está inexorablemente vinculado con el caso de las Brujas de Cachiche, especialmente en el encubrimiento posterior. Todo indica que, pese a sucesivos fracasos, desde Kepashiato hasta La Parada, el gobierno lo ha mantenido en el cargo por esa razón.
En ese contexto, insistir sobre los cientos de millones de soles que se va a invertir en equipos mientras se permite la corrosión institucional, parece la actitud del nuevo rico que intenta compensar con plata su falta de sustancia y fundamento.
El Gobierno, es decir, el presidente Humala, puede todavía actuar y revertir la sensación y la realidad del deterioro en la seguridad interna. Pero el tiempo de actuar es ahora, y hacerlo es corregir?
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Columna de reporteros
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Es Noticia, La ley de la trampa - 20/12/2012 05:35:30 p.m.
"TweetPor Milagros Salazar.-
"Las compañías pesqueras están haciendo plata como jamás lo han hecho (cada tonelada de harina de pescado llegó a costar 2 mil dólares en noviembre), pero para ellos mucho no es suficiente, más es mejor. Y ganar más significa subreportar, hacer trampas", dice el economista Carlos Paredes, investigador principal del Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porres.
Paredes realizó cálculos econométricos que corroboran el subreporte que demostró IDL-Reporteros en un trabajo que combinó el reporteo y el manejo masivo de bases de datos.
Esta vez, Paredes confirma desde su especialidad que el subregistro es una práctica común en el sector. A partir de la aplicación de fórmulas, la revisión de registros de desembarques y el cálculo de la producción de harina, concluye que en 2009 las empresas no registraron más de 167 mil toneladas de anchoveta en todo el litoral, lo que representa unas 38 mil toneladas de harina si se considera que se necesita 4.38 toneladas de pescado para una tonelada de harina.
Con los precios de la harina que estimó IDL-R en su momento, esta cantidad puede valorizarse en 61 millones de dólares y con el precio actual la cifra llega a los 76 millones.
En 2011, el subregistro detectado por Paredes, se duplicó hasta superar las 297 mil toneladas de pescado, el equivalente a 67 mil toneladas de harina. Esto significa un poco más de 100 millones de dólares, si se toma en cuenta el precio promedio de la harina del año pasado, y asciende a 134 millones con el precio de hoy.
En total, en esos dos años, el volumen de pescado que se "esfumó" estaría valorizado actualmente en más de 200 millones de dólares.
Desembarque de nave con carga de anchoveta a bodega llena en Chimbote (Foto: IDL-Reporteros).
¿Este "subreporte" en realidad no debería llamarse fraude?
-El subreporte significa sobrepesca, sacarle la vuelta al Estado, a la naturaleza, a ellos mismos (los empresarios) porque están depredando un recurso que necesitan para seguir desarrollando su actividad.
Pero también están dejando de pagar derechos de pesca al Estado por cada tonelada que no registran en la balanza.
-El problema es que como todo el mundo subreporta, el que no lo hace siente que es un estúpido. Desde que se implementó la ley de cuotas individuales de anchoveta, existen grandes y perversos incentivos para hacerlo. Las empresas no quieren agotar su cuota porque vale mucha plata. Hasta el año pasado, podían cobrar 250 dólares por alquilar cada tonelada de su cuota. Una empresa con una cuota de 10 mil toneladas, entonces podía ganar 2 millones 500 mil dólares. Y hoy es mucho más porque la tonelada puede estar valorizada en 350 dólares. Qué rico alquiler. Ningún negocio de alquiler me permite ganar esa cantidad. Por eso, hago trampa, adultero las balanzas, y digo que pesqué menos porque lo importante es seguir teniendo cuota.
¿Por qué las empresas necesitan hacer trampas si les va muy bien con un precio tan alto de la harina?
-Los mismos pesqueros están vulnerando el derecho de propiedad porque no hay vigilancia. Como el Estado es débil y no controla la actividad, se está regresando a la misma tragedia de antes de la ley de cuotas cuando había "carrera olímpica" (y todos se lanzaban al mar para pescar todo lo que podían).
Carlos Paredes, investigador principal del Instituto del Perú (Foto: IDL-Reporteros).
En su investigación, Paredes aplica una segunda metodología: estima el subreporte a partir de la pesca almacenada en las bodegas de los barcos que descargaron entre 2009 y 2011. Curiosamente, detecta que las compañías registran menos pesca después de la ley de cuotas a pesar que la norma permitió mayor eficiencia en la captura de la anchoveta.
No sólo eso, detectó que las llamadas empresas integradas que tienen simultáneamente embarcaciones (barcos de acero) y fábricas, registran hasta 9% menos en los desembarques de lo que traen en su bodega, extrañamente cada vez que descargan en sus propias fábricas. Fuente Artículo
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