Noticia, Denuncian a máxima autoridad judicial de Arequipa por no cumplir con pensión de alimentos - 25/03/2013 10:28:47 a.m.
"El presidente de la Corte de Justicia de Arequipa, Emel Benito Paredes Bedregal, según una denuncia, no cumple con sus deberes como padre de familia.Paredes Bedregal es juez superior titular de Arequipa desde el 2002, profesor asociado de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) y de la escuela de postgrado. Según un informe del programa de TV "Sin medias tintas", el magistrado, además, es jefe de la Odecma (Oficina de Control de la Magistratura de Arequipa) y entre el 2009 y 2010 vigiló que todos los jueces de Arequipa hagan bien su trabajo.
Silvia Fortunata Medina Díaz (41 años) lo conoció en pasillos de Palacio de Justicia. Se enamoraron. En el 2009 se casaron y vivieron juntos, aparentemente felices. Pero el magistrado se transformó apenas se dio cuenta de que ella estaba embarazada. Según Medina, el juez se molestó y le dijo que "no quería ese hijo".
No es el primer retoño del presidente de la Corte Superior de Justicia. A ella le dijo que tenía un hijo mayor. No obstante, la verdad es que tiene cinco hijos de tres mujeres distintas en siete años.
NO SE RESPONSABILIZARÍA DE SU HIJA
El juez Paredes, en los 6 meses de nacida la pequeña Antonella, no es capaz de acreditar más que un pago a su esposa y madre de su hija, Silvia Medina. En febrero, le dio uno de 598 soles. Medina solo pide "que se haga responsable de su hija y su obligación".
En tanto, Paredes asegura que no tiene más que 7.000 soles de ingreso mensual. Su ficha de Infocorp dice que su deuda actual en créditos de consumo es de 13.000 soles. Tiene además un crédito hipotecario de vivienda de 109.200 soles de enero de este año. Se acaba de comprar mediante crédito hipotecario una casa, aunque según los registros de la Sunat, el juez no tiene nada.
Fuente: El Comercio
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Noticia, Comadre con suerte - 22/03/2013 12:54:45 p.m.
"La comadre responde al nombre de Norma Violeta Lucas Jara, una abogada de 50 años, oriunda de la misma provincia donde nació Julia Príncipe: Huari (Ancash). En 1992, la Procuradora del Estado contrajo nupcias por la vía civil en la Municipalidad de La Victoria con Edwards Vizcarra Zorrilla, quien años más tarde llegaría a ser alcalde de la provincia de Huari, cuya gestión fue bastante cuestionada, por decir lo menos.En dicho matrimonio, los flamantes esposos Vizcarra-Príncipe tuvieron como testigos a Santiago Villarreal Córdova y a Norma Lucas Jara. A partir de entonces, la relación de estos compadres fue siempre muy cercana, no solo por el compadrazgo que los unía, sino también porque en el caso de Lucas Jara ejercía la misma profesión que Príncipe Trujillo. Es decir, la abogacía.
Bienvenida, comadre
En el 2009, el mismo año en el que Julia Príncipe Trujillo fue designada como Procuradora Pública, en reemplazo de Jorge Caldas Malpica, la abogada Lucas Jara empezó a trabajar como parte del staff de abogados de la Procuraduría. Una situación que generó toda clase de comentarios, habida cuenta que la cercanía entre ambas le habría dado cierta ventaja a la "comadre" para su elección a ese cargo.
Eso no es todo. Dos años después, en el 2011, Lucas Jara volvió a presentarse a un proceso de selección en el que se buscaba un profesional en Derecho para "asumir la defensa jurídica del Estado en los procesos e investigaciones que se le asignen a la Procuraduría Pública".
Según se puede apreciar en el acta de resultados de ese concurso, colgado en la web del Ministerio del Interior, las variables para designar al ganador de esa convocatoria era la evaluación de las respectivas hojas de vida de los postulantes y el puntaje asignado en una entrevista personal. ¿Quién ganó ese concurso? Fácil adivinarlo. Fue la "afortunada" Lucas Jara. La comadre de la Procuradora obtuvo 98, el mayor puntaje, dejando atrás a las letradas Patricia Villar Castro (95) y Mirtha Cubillas Olea (93). A pesar que en la evaluación de la experiencia laboral acumulada por las abogadas ninguna sacó ventaja porque todas obtuvieron 60 puntos, fue en la entrevista personal donde Lucas Jara marcó la diferencia definitiva. Al menos eso dicen los resultados.
No obstante, es válido suponer que la elección de Lucas Jara responde a la cercanía con la Procuradora del Estado, situación que incluso podría configurarse como un delito definido en el artículo 399 del Código Penal: Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Este apartado menciona que "el funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, enprovecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal."
"Está claro que la Procuradora decidió contratar a la abogada Norma Lucas Jara por la afinidad que hay entre ellas, pues es su testigo de matrimonio. Príncipe prefirió a su comadre en desmedro de otros profesionales muy capaces y competentes", afirma una persona allegada a la Procuraduría que prefiere mantenerse en el anonimato.
Privilegios ilegales
En el mes de octubre del año pasado, el diario oficial El Peruano y Expreso pusieron en conocimiento de la opinión pública el mal uso de bienes públicos en el que, a decir de las pruebas presentadas, habría incurrido la procuradora Julia Príncipe.
En las fotografías que presentaron se observó a la Procuradora del Estado utilizando indebidamente un vehículo que le proporcionó el Estado para cumplir sus labores. En la foto, con fecha del 6 de octubre, se vio a Príncipe Trujillo llevando a la menor de sus hijas al instituto de idiomas en Monterrico. Luego fue rumbo a Santa Anita, exactamente al Mercado de Productores N° 1, para realizar algunas compras.
En el colmo de la frescura, Príncipe no solo utiliza incorrectamente un bien del Estado, sino que al personal que le ha sido asignado lo trata como si fueran sus sirvientes. En una de las imágenes, uno de sus agentes de seguridad personal, identificado como Carlos Aquiles Ramírez Díaz, quien es suboficial PNP designado a su protección, la ayudó a subir y acomodar las compras dentro del auto.
De acuerdo al Capítulo II del Reglamento de Administración de Bienes decomisados o incautados por TID, de la OFECOD, la funcionaria pública en mención estaría cometiendo groseramente el delito de Peculado por Uso y delito contra la Administración Pública, lo que, según las leyes peruanas, se debería sancionar hasta con una pena privativa de la libertad no mayor de cuatro años.
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Que opina usted? Malos Pazos - 22/03/2013 12:33:20 p.m.
"La vocación por la enseñanza y la necesidad de trabajar hicieron que David Rodríguez Cerna iniciara una carrera como profesor en el Instituto Superior Cesca. Desde marzo del 2000 brindó sus servicios en los locales de Jesús María, Los Olivos y Lima. Sin embargo, su paso por esta institución fue la peor experiencia que tuvo. En el 2009, después de mucho insistir por la cancelación de sus remuneraciones atrasadas, fue despedido sin miramientos.Los constantes reclamos para que le cancelen los 17 mil soles que le adeudaban fue el detonante de su expulsión. Lo peor de todo fue que ni siquiera le pagaron una liquidación y mucho menos los beneficios sociales que por ley le correspondían. El monto calculado es un poco más de 48 mil soles.
Tras su salida de Cesca, Rodríguez Cerna intentó cobrar mediante cartas notariales y no obtuvo respuesta. Entonces, cansado de los abusos denunció al empresario Jorge Pazos Holder, dueño del instituto, y al representante Rodolfo Sadi Torres, por el presunto delito Contra el Patrimonio , Estafa y Contra la Fe Pública en la 45º Fiscalía Provincial Penal de Lima.
La denuncia de David Rodríguez no es un caso aislado. Más profesores han dado testimonios similares en contra de Pazos Holder quien está acostumbrado a "cabecear" a sus trabajadores.
Más víctimas
Henry Núñez Soto es otro de los ex profesores que denunció por el mismo delito a ambos directivos de Cesca. A diferencia de Rodríguez Cerna, trabajó sólo 2 años en el instituto, desde abril del 2005 hasta mayo del 2007. Le ofrecieron lo mismo, todos los beneficios de ley y sus haberes, pero la historia final fue similar. Se atrasaron con sus pagos mensuales y cuando reclamó lo botaron. Núñez Soto ha llegado hasta el Ministerio de Trabajo para exponer su caso.
Otro de los denunciantes es Telly Caycho Ayllón. En el 2004, se sumó a la lista de trabajadores de Cesca como Jefe de Laboratorio con un horario extendido y exagerado de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sin importar el sacrificio, se mantuvo hasta junio del 2007 pero, su situación laboral no dio para más, le debían muchas mensualidades y al reclamar fue separado del empleo.
Caycho Ayllón ha solicitado en varias oportunidades que cumplan con sus pagos y sólo ha obtenido pretextos. "Vamos a reprogramar su fecha de liquidación" le dijo la secretaria muchas veces, pero nunca sucedió. Cesca le debe más de 17 mil soles.
Edward Julca Olórtegui es protagonista de un caso parecido. Denunció a Jorge Pazos Holder, después de trabajar en Cesca por tres años. "Me ofrecieron todos los beneficios de ley y nunca tuve nada, ni si quiera me pagaron mis haberes", dice indignado.
Pensiones en peligro
El instituto Cesca ofrece dar todos los beneficios de ley a los profesores que contratan y luego les hacen descuentos de ley correspondientes. Por ejemplo, por concepto de fondo de pensiones, pero muchas veces no llegan a trasladar el dinero a las cuentas respectivas y se apropian del dinero.
Jorge Daniel Bravo Manco fue maestro en el Instituto Superior Cesca. A pesar de las malas condiciones laborales, se mantuvo en su puesto por 3 años. Cada mes, Bravo Manco veía en su boleta de pago los descuentos respectivos que le hacían y no se quejaba, porque pensaba en su futuro.
A fin de cuentas invertir en un fondo de pensiones le aseguraba cierta tranquilidad posterior.
Pero, la paz se trastocó al enterarse que el dinero que le descontaban todos los meses no era abonado a su cuenta. "Han dispuesto del dinero que me han descontado para las aportaciones a la AFP y no han sido abonados como debían, tampoco contaron con mi aprobación para disponer de ello, perjudicándome en el tema", asegura Bravo Manco.
Las aportaciones de Jorge Manco son del periodo comprendido entre el primero de junio del 2008 hasta el 7 de noviembre del 2011. En ese lapso se descontó alrededor de 3 mil soles, sin embargo, cuando el ex profesor hizo la consulta apenas había setecientos sesenta y cuatro. Más de 2 mil
soles fueron dispuestos por los representantes del instituto.
Tras el descubrimiento, Manco Bravo envió una Carta Notarial el 4 de mayo del 2012. La intención era llegar a un acuerdo y que se pongan al día en sus aportaciones.
Hasta noviembre del año pasado no encontró ninguna solución y decidió denunciar a Jorge Pazos Holder, ante la Fiscalía Distrital Penal de Turno de Lima, Norte por el presunto delito de Disposición Indebida de AFP, previsto y sancionado en el artículo 190 del Código Penal vigente. Lo que ahora queda pendiente es que la justicia determine quién tiene la razón.
A nombre de la estafa
Marlene Elizabeth Luna Palacios tenía 25 años cuando empezó a estudiar Computación e Informática en el Instituto Superior Cesca, en el local que en ese entonces tenían en Comas. Era 9 de junio del 2003 y con esta nueva etapa en su vida trataba de darle un giro a la adversidad y forjarse un futuro.
En mayo del 2006, después de tres años de batallas económicas, terminó la carrera. Lamentablemente, al poco tiempo el instituto fue desalojado de ese local por incumplimiento de pagos y ese fue el inicio de la odisea que actualmente vive Marlene.
Al enterarse que la sede de Comas estaba cerrada, Luna Palacios recurrió al local más cercano que queda en Los Olivos. Desde el principio le pusieron una serie de trabas para obtener su título y le dijeron que debía depositar mil 500 nuevos soles como requisito.
Cuando al fin recaudó el dinero y estaba a punto de pagar se enteró que varios de sus compañeros tenían inconvenientes para titularse. Acudió, otra vez, a la oficina principal. Finalmente, le dijeron que en el traslado de la documentación de Comas a Los Olivos su expediente se perdió. Su nombre no figuraba en el sistema y ya no era posible lograr su titulación por haber transcurrido varios años de la culminación de su carrera.
Los tres años que Marlene había pasado en las aulas y los 150 soles o más que aportó mensualmente no servían de nada. Antes de presentar una denuncia judicial hizo algunas indagaciones y descubrió
que Cesca no contaba con permiso del Ministerio de Educación para enseñar.
Con esta información y las copias de sus boletas de notas de los ciclos cursados, el 30 de mayo del año pasado, Marlene interpuso una denuncia penal contra Jorge Pazos Holder y Sadi Torres Aroca, por el presunto delito Contra el Patrimonio , Estafa y contra la Fe Pública, ante la 10º Fiscalía Penal de Turno de Lima Norte.
Una historia semejante es la de Adán Carlos Arangoitia Ccahuay, su caso fue presentado en la edición 25 de la revista. Se matriculó en el Instituto Cesca, local de Comas, cumplió al pie de la letra toda la currícula, culminó sus estudios satisfactoriamente, con la esperanza de alcanzar su certificación y, hasta hoy, esto no sucede.
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Noticia, Ugaz investigado por lavado - 21/03/2013 04:51:58 p.m.
" El 28 de noviembre del 2012 ingresó a la 29 Fiscalía Provincial Penal de Lima una denuncia en contra de José Carlos Ugaz Sánchez-Moreno, César Ulises Benites Mendoza y Hugo Alfieri Forno Flórez, los socios del estudio Benites, Forno&Ugaz, por el delito de Lavado de Activos en agravio del Estado.Carlos Alberto Samamé González, abogado de los denunciados, puso el grito en el cielo y solicitó declarar nula la resolución fiscal que el 4 de enero último disponía se investigara a los miembros de ese estudio de abogados. Su recurso lejos de levantar los cargos formulados por Lavado de Activos, trata de involucrar a la revista Juez Justo atribuyéndole la autoría de la denuncia como si tendríamos algo que ver con sus manejos económicos hoy investigados.
El pedido de Samamé fue rechazado por la Fiscalía el 18 de febrero y dispone continuar con la investigación contra todos los miembros del estudio Benites, Forno&Ugaz. La fundamentación efectuada por el abogado de los denunciados, no ha sido tomada en cuenta por la fiscalía, por considerarla carente de sustento legal y una maniobra para impedir la continuación del proceso a cargo de la policía especializada en este tipo de delitos.
En el Perú se considera el delito de Lavado de Activos al conjunto de operaciones realizadas con el objetivo de darle legitimidad a recursos obtenidos como consecuencia de la realización de diveros delitos. En buena cuenta, se trata de ocultar el origen ilícito del dinero aparentando actividades lícitas y formales. La fiscalía ha considerado que es necesario investigar la procedencia del dinero y bienes de los denunciados, a fin de esclarecer su origen. Es por ello que el 17 de diciembre dispuso abrirles una investigación policial a los acciones del estudio Ugaz. Una vez que el fiscal ordenó que la División de Lavado de activos de la Policía Nacional del Perú se haga cargo del caso y les puso un plazo de 30 días, se ha dispuesto que todos los denunciados se presenten a declarar y que se haga un peritaje contable sobre el patrimonio del estudio.
Mal paso
Esta denuncia se suma a otra hecha pública en setiembre del 2012. Mientras las pasadas profecías del fin del mundo causaban miedo en masas, una noticia puso nuevamente en el ojo de la tormenta al ex procurador. María Pía Uriarte Espejo, una joven de 25 años denunció haber sido víctima de Ugaz Sánchez- Moreno.
Según el relato de Uriarte, ella tomó un taxi cuando de pronto, el auto Hyundai, conducido a gran velocidad por Ugaz, ocasionó un triple choque en el cruce de las avenidas Grau y El Sol, en Barranco. La fuerte colisión le causó traumatismos múltiples en el cuerpo. "Me encontraba a punto de cerrar la puerta del taxi donde prácticamente estaba sentada cuando de repente sentí un fuerte golpe y salí disparada y me estrellé contra el suelo. Pese a estar golpeada me acerqué al conductor que vehículo que nos había chocado, le toqué la ventana, le dije que me prestara el celular para hacer una llamada a un familiar y ni eso quiso. Se negó a dar el SOAT. Hasta el taxista me ayudó, pero (Ugaz) ni me habló, ni miró", declaró en un medio de comunicación, después de salir de la clínica Good Hope, en Miraflores, donde estuvo internada por 24 horas.
La noticia de que Ugaz ocasionó el accidente en estado de ebriedad fue publicada en las redes sociales y, por ese mismo medio, intentó defenderse a capa y espada. "Ni ebrio, ni fugado, ni desaparecido. Solo espero que mis tweets aclaren las cosas, le deseo lo mejor a la Srta. El accidente fue a plena luz y sin una gota de alcohol. Un accidente del que asumo responsabilidad plena", dice a la letra uno de los tweets publicados. Sin embargo, un policía de la comisaría de Barranco, entrevistado por un redactor del diario Expreso desmintió al ex procurador. "Estaba ebrio, durante la intervención donde se le hizodosaje etílico, el resultado cualitativo arrojó positivo", afirmó. Esta versión fue corroborada con el resultado del examen que emitió la Policía Nacional, donde se pone de manifiesto que Ugaz Sánchez Moreno conducía en ebriedad absoluta. El dosaje etílico arrojó 1.75 centígrados de alcohol por cada litro de sangre, un porcentaje muy por encima del máximo permitido por ley.
Cualquier persona con esa cantidad de alcohol en la sangre (1.75%) es un peligro público. Por eso, no solo se le abrió proceso penal por el delito de peligro común, que nuestro código penal sanciona en su artículo 274, hasta con dos años de prisión y trabajo comunitario. Además se le incautó el brevete para que no continúe causando estragos en la sociedad.
Lazos con Comunicore
Mucho más antes Ugaz Sánchez-Moreno estuvo involucrado en el escándalo del caso Comunicore. La historia se empezó a tejer en diciembre del 2009, cuando el entonces periodista de Perú 21, Daniel Yovera, denunció que en setiembre del 2005 el municipio de Lima se comprometió a pagar una deuda de 35 millones de soles, en un plazo de 10 años a Relima, una empresa que se encargaba de la limpieza de la capital.
Todo hacía indicar que las condiciones de pago se habían formalizado hasta que el 20 de diciembre de ese mismo año, la empresa Comunicaciones Corporativas y Representaciones S.A. (Comunicore) compró la deuda a Relima por un poco más 14 millones de soles. Lo extraño fue que en enero del 2006 la comuna limeña canceló en una sola cuota la deuda y Comunicore desapareció, como si habría sido creada exclusivamente para ese procedimiento. Días posteriores al destape, el diario El Comercio informó que el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de dicha compañía se cambió al nombre de Grupo Esaróstica Contratistas Generales S.A. y, sospechosamente, la gerente general era una mujer iletrada.
En los siguientes días se descubrió que la familia del ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, estaba involucrada en el caso y Daniel Yovera confirmó el cambio de nombre de Comunicore. Además, señaló que el cambalache fue realizado en La Oroya y que tres de los directivos nombrados eran de condición humilde. Lo peor de todo era que no estaban enterados de su participación en el caso. Con estos datos se inició una investigación promovida por ocho regidores.
En mayo del 2011 la revista Juez Justo reveló que el estudio de abogados, Benites de Las Casas, Forno&Ugaz, brindó asesoría jurídica a la empresa Comunicore, exactamente en los meses en que se negociaba el pago de la deuda con el municipio de Lima.
En la factura que fue emitida el 10 de enero del 2006 el estudio de abogados cobró 8 mil dólares por concepto de honorarios. Resultó extraño entonces que el conocido abogado supuestamente "cazacorruptos" se vea envuelto en un caso de corrupción.
Según los datos presentados, Comunicore empezó a pagarle al estudio donde Ugaz es socio, desde agosto del 2005 y hasta enero del 2006. El pago total habría sumado más de 70 mil soles.
Un poco de Historia
La fama de Ugaz como penalista ya había cruzado la valla política cuando Alberto Fujimori, mediante una Resolución Suprema y, sin especificar cuál sería su salario, designó
a Ugaz como procurador el 3 de noviembre del 2000, para defender al Estado en el caso Montesinos. Meses después, al ser acusado de recibir 29 mil dólares sin tener contrato, Ugaz confirmó lo que se decía ante la comisión de Fiscalización del Congreso de la República presidida, en ese entonces, por Mauricio Mulder. Sin embargo, desmintió que el dinero fue recibido por él y para él. "Es una infamia sostener que ese dinero ha ido a mis bolsillos. Fue aplicado en cien por ciento a gastos del Estado", dijo.
Luego, en marzo del 2011, los medios informaron que su vasta experiencia como abogado lo llevó al frente de casos como el de Edwin Martínez Moreno, más conocido como "Olluquito Jr.", un procesado por tráfico ilícito de drogas quien presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que no había sido juzgado dentro de un plazo razonable.
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Noticia, MUJERES ESPARRAGUERAS DENUNCIAN EXPLOTACIÓN - 21/03/2013 12:24:56 p.m.
"La bonanza de la agroexportación tiene dos caras: una que habla del crecimiento anual de 18.7% y otra es la explotación a los trabajadores de este sector, asegura Claribel Padilla, Secretaria de Economía del Sindicato de la EMpresa Camposol.Exigen se modifique el artículo 7 de la Ley 27360, que promueve la desigualdad y la explotación laboral.
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Es Noticia, Policía en estado de ebriedad que atropelló a mujer en Breña quedará a disposición de Fiscalía - 20/03/2013 04:48:36 p.m.
"Aún permanece detenido el suboficial Christian Roberto Sullcahuamán Gómez de la Dirección Ejecutiva Contra el Terrorismo, quien la tarde de ayer embistió a una mujer de 67 años con la camioneta de la PNP que manejaba en estado de ebriedad.El accidente ocurrió en la cuadra 19 de la avenida Venezuela, Breña, pero minutos antes la patrulla ya había ocasionado un choque múltiple en que incluso comprometió a una camioneta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Julia Farfán Pérez (67) fue trasladada de emergencia al hospital Arzobispo Loayza. En tanto, el suboficial Norberto Soca Gómez, copiloto de Sullcahuamán, también resultó con serias lesiones y por ello fue derivado al Hospital de la Policía Nacional del Perú.
En un comunicado emitido hoy, el comando de la PNP informó que el agente Roberto Sullcahuamán será puesto a disposición de la Novena Fiscalía Provincial Penal de Lima por el delito de peligro común, por manejar un vehículo en estado de ebriedad, y por el delito de lesiones y daños materiales.
"No se tolerará actos que denigren el prestigio institucional y por esa razón ha dispuesto de inmediato que la Inspectoría General PNP intervenga para determinar la responsabilidad en los hechos y adoptar las acciones administrativo disciplinarias, según sea el caso", refiere el escrito.
Fuente: El Comercio
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Que opina? TRASCENDENTE FALLO DEL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL QUE PODRÍA CAMBIAR EL CURSO DE MUCHOS PROCESOS A MILITARES Y POLICIAS - 20/03/2013 11:27:08 a.m.
"Este fallo podría cambiar el curso de muchos procesos a militares y policías por presuntos delitos de "lesa humanidad" que injustamente vienen sufriendo con la mal entendida y peor aplicada teoría de la "autoría mediata". No basta inculpar a la "cadena de mando", sino que hay que probar su real, efectiva y dolosa responsabilidad.La decisión de absolver al general serbio Perisic de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra define con precisión la figura de participación.
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, acaba de absolver al general Momcilo Perisic, ex jefe de Estado Mayor del ejército serbio, de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por los que había sido previamente condenado en primera instancia a 27 años de prisión en carácter de partícipe.
La decisión de la sala de apelación del mencionado tribunal que lleva fecha del 28 de febrero de este año- define con precisión las fronteras de la figura de la participación respecto de esos graves delitos, y seguramente tendrá efectos más allá de la jurisdicción misma del referido tribunal, incluido nuestro medio.
Tanto en muchos de los procesos que, respecto de la década de los 70, involucran a personal militar como en algunos, más recientes, que pretenden responsabilizar a algunos civiles.
Con la firma del reconocido Theodor Meron, acompañado por Carmel Aguis, Arlette Ramaroson y Andrésia Vaz y la única disensión parcial de Liu Daqun, la sala de apelación revirtió la referida condena y ordenó la libertad inmediata del acusado.
En su decisión, el tribunal señala que la figura de la participación exige, indefectiblemente, que exista siempre una acción que esté "direccionada específicamente" a la comisión de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra, esto es, de delitos de lesa humanidad durante un conflicto armado internacional o interno. O sea, que haya inmediatez, es decir, un nexo directo y claro del presunto partícipe con la comisión, por parte de terceros, de esos delitos, nexo que además debe ser probado con el estándar hoy universalmente adoptado para este tipo de hechos, lamentablemente, no siempre respetado entre nosotros, es decir "más allá de toda duda razonable".
Esto supone, según el tribunal, que haya conocimiento pleno por parte del presunto partícipe de que la ayuda o colaboración que presta tiene que ver, directa y específicamente, con la comisión de delitos de lesa humanidad. Para ello, el tribunal recordó la larga serie de precedentes en ese mismo sentido que han sido ya dictados en su jurisdicción desde la conocida sentencia de apelación recaída en elcaso "Tadic", en 1999.
El general Perisic estaba siendo juzgado por los crímenes de guerra cometidos por personal del llamado Ejército Serbio de Krajina (en Croacia) y del llamado Ejército de la República Srpska (en Bosnia-Herzegovina), entre agosto de 1993 y noviembre de 1995, que incluyeron el bombardeo de Zagreb y los aberrantes ataques perpetrados contra civiles inocentes en las ciudades bosnias, en particular en Sarajevo y Srebrenica.
La decisión señaló que siempre es necesario hacer un "análisis cuidadoso de los hechos y del derecho", por lo que los analizó otra vez, concluyendo que la ayuda militar genérica para la guerra prestada por la República Serbia a las mencionadas milicias no es suficiente como para tener al general Perisic, responsable de haberla prestado, como partícipe en los crímenes cometidos por las milicias. A lo que se suma, según el tribunal, que el mencionado Perisic no tenía "control efectivo" sobre quienes, en los hechos, fueron los responsables directos de la comisión material de los aberrantes delitos.
Se destacó, de paso, que Perisic nunca tuvo presencia física en el escenario mismo de los crímenes. El principio establecido es, entonces, que el oficial militar superior sólo puede ser responsable si, en un caso particular, tiene un "control efectivo" sobre sus presuntos subordinados.
Perisic, por ejemplo, había comunicado a las fuerzas serbias que actuaban en Croacia que no debía bombardearse a Zagreb, pese a lo cual el bombardeo se hizo. Cabe destacar que el caso se refiere a la responsabilidad individual de las personas y no a la responsabilidad de los Estados, cuyo alcance transita ciertamente por otro carril jurídico.
El texto completo de la sentencia comentada está ya disponible(http://www.icty.org/sid/11221 ). El precedente y sus pautas por sus implicancias y trascendencia respecto de los cientos de acusados de haber presuntamente participado en delitos aberrantes debiera ser tenido en cuenta por nuestros tribunales, que con alguna frecuencia no se refieren circunstanciadamente a los casos jurisprudenciales más recientes.
Jorge Mendieta Mendieta
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Es Noticia, HALLAN ENTERRADAS 170 TONELADAS DE CONSERVAS - 19/03/2013 10:44:12 a.m.
"Miles de latas de conservas que vencían en 2014 fueron encontradas en el relleno sanitario de la Municipalidad de Huamanga. Fiscalía ya investiga el hecho, que involucraría a exfuncionarios del programa social.Casi 170 toneladas de conservas que vencían recién en noviembre de 2014, adquiridas por el ex Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa), fueron encontradas enterradas en el relleno sanitario de la Municipalidad Provincial de Huamanga (Ayacucho).
Según Ángel Reynoso, miembro de la Comisión Liquidación del programa, las latas de anchoveta en salsa de tomate fueron declaradas no aptas para consumo humano por el Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), informó RPP Noticias.
Las conservas de 200 y 450 gramos tienen la etiqueta del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social-Gobierno del Perú, registran como fecha de producción diciembre de 2010 y fueron adquiridas a la empresa pesquera Grupo Austral.
Hasta el lugar donde se enterraron las conservas llegaron representantes del Ministerio Público y el gobernador de Ayacucho, Wilmer Rivera, quien exigió las investigaciones del caso, en el que estarían implicados exfuncionarios del desactivado Pronaa.
Asimismo, las autoridades expresaron su indignación por la forma en que se enterraron estos alimentos de distribución gratuita, pese a que no se estaban vencidos.
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