Es Noticia, CIDH culmina el 147 Período de Sesiones - 05/04/2013 12:56:05
"Este comunicado tiene un Anexo en que se incorpora la información recibida durante las audiencias sobre la situación de los derechos humanos en la región.Comunidaco No. 23/13 / CIDH
Washington, D.C. , La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 147o Período ordinario de Sesiones del 7 al 22 de marzo de 2013. La CIDH está integrada por José de Jesús Orozco Henríquez, Presidente; Tracy Robinson, Primera Vicepresidenta; Rosa María Ortiz, Segunda Vicepresidenta; Felipe González, Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil, y Rose-Marie Belle Antoine. El Secretario Ejecutivo es Emilio Álvarez Icaza L.
Durante el 147o Período de Sesiones se celebraron audiencias y reuniones de trabajo, y se aprobaron informes sobre casos y peticiones individuales. Las audiencias y los informes reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región. Se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la situación de los derechos de los niños y las niñas, los migrantes, los defensores y las defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, los Afrodescendientes, las mujeres, las personas privadas de libertad y las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexuales, entre otros asuntos.
Por primera vez en su historia la CIDH celebró una audiencia solicitada por un grupo de Estados. Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y República Dominicana realizaron un llamado a aquellos Estados de la región que aún no han abolido la pena de muerte a que consideren su abolición o a que declaren una moratoria como paso previo a la abolición, tal como lo planteó la Comisión en su informe "La pena de muerte en el sistema interamericano de derechos humanos: de restricciones a abolición". Asimismo, instaron a los Estados a cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH relativas a personas condenadas a la pena de muerte. La Comisión Interamericana saluda esta iniciativa, que es un ejemplo de trabajo conjunto de los Estados y la CIDH en defensa de los derechos humanos.
La Comisión expresa su profunda preocupación ante la información recibida sobre la persistencia, en la actualidad, del fenómeno de las desapariciones forzadas en la región, y la invisibilidad en que permanece esta situación. Esto es resultado de la ausencia o ineficacia de las políticas públicas de los Estados en la materia, y en algunos casos de la negación de la existencia del fenómeno. Resulta de especial preocupación la falta de investigación sobre los casos de desapariciones, la ineficacia en la búsqueda de las personas desaparecidas y la impunidad en la que queda la mayoría de los casos. La Comisión identificó que la impunidad es un problema constante en la región, afectando gravemente el derecho a la justicia y la reparación de las víctimas y propiciando la repetición de los crímenes.
La Comisión recibió información preocupante sobre la persistencia de asesinatos, amenazas y hostigamientos contra defensores y defensoras de derechos humanos, así como actos de violencia en manifestaciones de protesta social y la criminalización de las actividades de defensa de los derechos humanos. Resulta particularmente preocupante la falta de adopción de medidas efectivas por parte de los Estados para proteger a defensoras y defensores en situaciones de grave riesgo.
En dos audiencias, la Comisión recibió información que indica que las personas afro-descendientes en Brasil y en Colombia continúan enfrentando situaciones y trato desventajoso debido a su raza, y que la interseccionalidad de raza y género agravan la discriminación contra mujeres afro-descendientes. La información recibida en estas sesiones es consistente con las conclusiones del Informe de la Comisión sobre la Situación de las Personas Afrodescendientes en las Américas sobre la situación de discriminación estructural que afecta a las personas afrodescendientes en las Américas, y que se refleja en importantes obstáculos para el goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. La invisibilización de las necesidades de las personas afrodescendientes, sumado a la continuidad de estereotipos y prejuicios, contribuyen a perpetuar situaciones históricas de segregación y exclusión. La CIDH reitera la necesidad de que los Estados adopten medidas urgentes y sin dilación para abordar los obstáculos y las barreras en el ejercicio, respeto y garantía de los derechos humanos de las personas afrodescendientes en las Américas.
Por otra parte, la Comisión considera de suma preocupación la continuidad de la afectación y desconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en varios países de la región, la continuidad de graves afectaciones a la vida e integridad física y cultural de pueblos, comunidades y personas indígenas, la represión de acciones de protesta y manifestaciones públicas realizadas por líderes, lideresas, autoridades y miembros de pueblos indígenas en defensa de sus derechos, y las acciones de represalia o amenazas contra líderes y lideresas indígenas.
En relación con las personas privadas de libertad, la Comisión continúa profundamente preocupada por las graves situaciones de derechos humanos existentes en los centros de reclusión de todos los países de la región. Resulta de suma preocupación la información recibida en audiencias sobre el uso excesivo de la prisión preventiva, la utilización del aislamiento solitario, así como las condiciones de detención en Cuba y en la Base Naval de Guantánamo, Estados Unidos. En particular, la CIDH expresa su profunda preocupación por la práctica existente en Estados Unidos de recluir a niños menores de 18 años en cárceles para adultos, sin una separación efectiva entre ellos. Preocupa también a la Comisión los abusos, violaciones sexuales, y tratos crueles, inhumanos y degradantes, como el aislamiento solitario. La Comisión urge a Estados Unidos a identificar e implementar de manera urgente un mecanismo federal que identifique como niño o niña a toda persona menor de 18 años, evitando que puedan ser juzgados como adultos o recluidos junto con adultos.
En varias audiencias se recibió información preocupante sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en varios países. Agresiones a periodistas, legislación violatoria del derecho a la libertad de expresión, ausencia de marcos regulatorios que reconozcan las radios comunitarias, cierre de medios a través de procesos administrativos y judiciales, son algunos de los problemas sobre los cuales se recibió información durante las sesiones.
En relación con los derechos de las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersex, preocupa a la Comisión la existencia de centros para "curar" la homosexualidad, en los que se coacciona u obliga a las mujeres lesbianas jóvenes y adultas a ingresar a estos centros y se las sujeta a toda forma de violencia, incluida la de índole física y sexual. Asimismo, se recibió con preocupación información sobre intervenciones médicas a las que son sometidos los niños intersex por el hecho de que sus cuerpos se diferencian de un cuerpo estándar masculino o femenino, sin aguardar a una edad en que puedan dar su consentimiento. Estos procedimientos no son médicamente necesarios, se realizan por razones cosméticas, y suelen tener efectos irreversibles, incluyendo insensibilidad genital, esterilización y dolor crónico. La CIDH urge a los Estados a adoptar medidas urgentes para revisar estas intervenciones médicas a personas menores de 18 años a la luz del derecho de toda persona a la integridad personal, la dignidad, la privacidad, la identidad, la autonomía, el acceso a la información, los derechos sexuales y reproductivos y la salud.
Asimismo, se recibió información preocupante sobre la situación de los derechos de las mujeres, en especial por la persistencia de la violencia contra las mujeres en las Américas y la impunidad en que quedan estos crímenes. En las audiencias se escuchó información preocupante sobre los obstáculos legales y prácticos que persisten para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, los obstáculos en el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia, el creciente problema de la trata de personas, y la interseccionalidad en la discriminación contra mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, mujeres pobres y mujeres lesbianas, quienes se encuentran invisibilizadas en la formulación de legislación, políticas públicas y programas estatales.
En diversas audiencias temáticas, la Comisión recibió información profundamente preocupante sobre derechos económicos, sociales y culturales. Entre ellos se encuentra la falta de tratamiento adecuado para personas indígenas LGTBI que viven con VIH, el vínculo entre discriminación contra comunidades en situación de vulnerabilidad y su ejercicio de los derechos al trabajo, a la salud y a la tierra, la intersección entre el derecho a vivir libre de discriminación y el ejercicio de los derechos económicos y sociales para diferentes grupos, incluyendo las mujeres, las personas indígenas y afrodescendientes, entre otros. Asimismo, se recibió información preocupante que indica que un alto porcentaje de los casos de mujeres y niñas que se someten a abortos ilegales o que son acusadas de violar las leyes que criminalizan el aborto, son resultado de la pobreza y de un acceso inefectivo al derecho a la salud.
La CIDH celebró audiencias de países y destaca su profunda preocupación por la información recibida sobre los graves desafíos que enfrenta el Programa Nacional de Resarcimiento para las víctimas del conflicto armado interno en Guatemala, y sobre la falta de avances en República Dominicana respecto a la situación que enfrentan las personas dominicanas de origen haitiano y las violaciones que sufren en sus derechos humanos, en especial su derecho a la nacionalidad, generando situaciones de apatridia. Respecto a Guatemala, la Comisión hace un llamado al Estado a adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de dicho programa y para asegurar que se implementen efectivamente las medidas que garanticen una reparación integral, con pertinencia cultural y de género, a las víctimas del conflicto armado. Respecto a República Dominicana, la Comisión Interamericana continuará utilizando todos los mecanismos a su alcance para dar seguimiento a esta grave situación mientras la misma persista, e insta al Estado a adoptar las medidas necesarias para resolverla.
Este comunicado tiene un anexo en que se incorpora la información recibida durante estas sesiones sobre la situación de los derechos humanos en la región.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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Es Noticia, Una publicación necesaria: Análisis crítico de la consulta previa en el Perú - 05/04/2013 12:45:14
"(Por Servindi).- Una publicación muy necesaria para entender el proceso de la consulta previa en el Perú acaba de aparecer. Se trata del Análisis crítico de la Consulta Previa en el Perú. Informes sobre el proceso de reglamentación de la Ley de Consulta y del Reglamento que puede ser descargado libremente desde la internet.La publicación lleva el sello correspondiente al Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y ha sido editada en específico por César Gamboa Balbín y Sébastien Snoeck, miembros de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
El texto de 76 páginas recoge los dos informes que el citado Grupo de Trabajo presentó a la opinión pública en el proceso de reglamentación de la Ley de Consulta, Ley N°29785, con la finalidad de corregir los errores procedimentales y conceptuales que se producían en el proceso.
El primero es el informe "Observación del Proceso de Consulta Previa del Reglamento de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo , OIT, Ley Nº 29785".
El segundo es el informe "Análisis del Reglamento de la Ley de Consulta Previa, Decreto Supremo N°001-2012-MC, del 17 de mayo de 2012", con la finalidad de difundir la posición constructiva de la sociedad civil para materializar tan importante derecho.
El documento advierte el importante rol desempeñado por las organizaciones indígenas en el proceso de reconocimiento legal de sus derechos y destaca la necesidad de continuar con la defensa de esos derechos, dejando de lado intereses subalternos.
Dicha tarea compete no solo a las propias organizaciones indígenas, sino también a las organizaciones de la sociedad civil, "bajo un rol colaborador y veedor del proceso de la implementación de la consulta en el Perú".
La introducción observa que ambos informes fueron difundidos en fechas críticas para el proceso de reglamentación de la Ley de Consulta y son fiel testimonio de un proceso que padeció de muchos problemas de forma y fondo; entre estos la falta del compromiso para recoger la demanda indígena y respetar acuerdos entre autoridades y organizaciones indígenas.
De los informes se concluye que aún es insuficiente lo que ha hecho el Estado peruano, por lo que es importante rectificar los alcances legales, institucionales y políticos del marco legal de consulta "con la idea de minimizar las situaciones discrecionales de la autoridad y aplicar claramente este derecho a favor de los pueblos indígenas".
Si bien la Ley N° 29785 fue saludada por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la sociedad civil y el sector privado, el Reglamento "vacía de contenido" y genera dudas para la implementación de este importante derecho.
Por ello el consenso inicial en torno a la ley que se avizoraba como "un paso importante para la construcción de nuevas reglas de juego en las inversiones y también en las relaciones entre el poder político, los actores económicos y la ciudadanía" ha quedado incierto, en particular en lo que se refiere a la consulta en el sector minero energético.
Son miembros actuales del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH las siguientes instituciones:
Asociación Paz y Esperanza.
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).
Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL).
CooperAcción
Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Forum Solidaridad Perú (FSP)
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
Instituto de Defensa Legal (IDL)
Instituto del Bien Común (IBC)
Servicios Educativos Rurales (SER)
Servicios en Comunicación Intercultural SERVINDI.
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Información: 5 de abril: Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas de esterilizaciones forzadas - 05/04/2013 11:49:07
"Activistas de derechos humanos lanzan plataforma digital FORZADAS.PEA 21 años del inició de la dictadura de Alberto Fujimori, se lanza la plataforma digital FORZADAS.PE para informar y promover verdad, justicia y reparación a las miles de víctimas de la esterilización forzada en el Perú durante los años 1996-2000, hasta hoy impunes.
Durante este período, bajo la consigna "La mujer es dueña de su destino" se esterilizó en su mayoría a mujeres como una estrategia para controlar la natalidad y disminuir la pobreza, dejando como saldo muertes, daños a la salud física, mental, sexual y reproductiva, y estigmatización a las víctimas y sus familiares.
En la actualiad se investiga el caso como crimen de lesa humanidad, pero sin los recursos que garanticen idoneidad, celeridad y acceso a la justicia. Además, hasta la fecha, el poder ejecutivo no cumple con brindar reparación integral a las víctimas.
En una coyuntura en la que se espera la respuesta del Presidente Humala a la solicitud de indulto a Alberto Fujimori, la plataforma FORZADAS.PE busca contribuir a la construcción de la memoria colectiva para que estos hechos nunca más se repitan, para que no se diga que esta política no existió y aportar así a que sus víctimas accedan a justicia y reparación.
Este portal ofrece investigaciones, artículos de análisis, noticias y material audiovisual alrededor de esta grave violación de los derechos reproductivos que afectó fundamentalmente a mujeres pobres y de zonas rurales o urbano-populares, información que no solo está destinada a la sociedad civil sino también al Estado.
Al respecto, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas acaba de recordarle el deber de asignar suficientes recursos económicos, humanos y técnicos a los órganos encargados de la investigación para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia y sancionados, además de garantizar que todas las víctimas reciban formas adecuadas de reparación sin más retrasos. En esa medida, es urgente que el Estado cree una Fiscalía Ad hoc, pida perdón como reparación simbólica y modifique el registro de las víctimas para agilizar su acreditación y atención integral.
FORZADAS.PE es una iniciativa impulsada por organizaciones de sociedad civil como el CLADEM-Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CMP Flora Tristán, Demus , estudio para la defensa de los derechos de las mujeres, (…) y activistas por los derechos humanos como Cynthia Astudillo, Alejandra Ballón-Gutierrez, Lucía Cuba, Rosemarie Lerner, ….
Lima, 5 de abril de 2013
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Que opina usted? Heridos denuncian a altos mandos militares por sucesos durante el paro agrario del 2003 en Barranca - 04/04/2013 15:18:02
" ¡NI UN MUERTO MÁS!Heridos denuncian a altos mandos militares por sucesos durante el paro agrario del 2003 en Barranca
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) acompaña a los heridos en la denuncia a altos mandos militares por los delitos de lesiones graves cometidos en mayo del 2003, en la provincia de Barranca (departamento de Lima). La intervención de las fuerzas armadas se efectuó en el marco del estado de emergencia a nivel nacional, a raíz de las movilizaciones masivas convocadas por el gremio agrario y el magisterio, en el gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo.
Como producto de la intervención del ejército, básicamente con armamento de guerra como fusiles Galil, se registraron 117 heridos a nivel nacional, 27 de ellos en Barranca. Entre los heridos de mayor gravedad se encuentran Juan Luis Li Valencia (21 años en el momento que fue herido, perdió el ojo izquierdo), Yoni Milton Aguirre Gutiérrez (20 años, perdió la pierna izquierda), Justo Mario Bolívar Calzado (33 años, quedó parapléjico) y Kenllu Jairo Sifuentes Pinillos, que tenía apenas 12 años cuando una bala lo alcanzó en el pulmón izquierdo. Hasta el momento, no han logrado acceder a ningún tipo de reparación y, mucho menos, a la justicia.
Recordamos que en el 2007 concluyó un proceso seguido contra el oficial que estuvo directamente a cargo de la brigada del ejército que reprimió a los manifestantes. El oficial fue absuelto por considerarse que actuó amparado por la obediencia debida y en legítima defensa. Precisamente, los oficiales a cargo de los operativos comunicaron a sus superiores que no contaban con el equipo adecuado para intervenir en una situación de protesta social, estando desprovistos de cascos de acero y fibra, así como de equipos antidisturbios. Los oficiales superiores lo conminaron a actuar a pesar de que había planteado estas deficiencias mediante comunicaciones escritas, que han sido perfectamente documentadas.
Por ese motivo denunciamos a los altos mandos que dieron la orden de desbloqueo de la carretera, pese a haber tenido conocimiento de que los efectivos militares únicamente contaban con armamento de guerra. Los mandos militares actuaron dolosamente al tener conocimiento de la carencia de equipos antimotines y ordenar el desbloqueo.
La denuncia alcanza al General de Brigada EP URÍAS FELIPE PRADO LA ROSA, Comandante General EP de la 18 Brigada Blindada; el Coronel de Infantería EP RAFAEL MOISES LA ROSA GUEVARA, Jefe del Estado Mayor Operativo de la 18 Brigada Blindada; el Comandante General EP JOSÉ GRAHAM AYLLÓN de la Región Militar Centro, y el General de Brigada EP LEONEL CABRERA PINO, Segundo Comandante General EP de la Región Militar Centro.
La denuncia se hará el viernes 5 de abril a las 12 30 en el Ministerio Público de Barranca, a cargo de Hayley Reyna y Miguel Jugo, abogados de la CNDDHH, quienes brindarán declaraciones a los medios.
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Noticia, Condenan a sanguinario "Motosierra" - 02/04/2013 11:48:31
"Cromwell Espinoza, alias Carlos Esparza, pero más conocido como motosierra ,por las versiones de testigos que refieren que descuartizaba a sus víctimas, fue finalmente condenado la semana pasada. Paz y Esperanza, con el apoyo y acompañamiento de la CNDDHH, ha llevado el caso y considera que esta condena es un avance para la justicia en el país.El 12 de julio de 1992, Marcos Torres Aquino observaba el desfile escolar donde su hija, Jenny de entonces seis años, participaba. En esos momentos fue detenido y conducido por efectivos militares a la Base Militar de Aucayacu (en la provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco). La mujer de Marcos Torres, Dionisia Retis, se dirigió desesperada a la base y el entonces jefe Carlos Esparza ,quien en realidad se llama Cromwell Espinoza Sotomayor- le comunicó que su esposo no se encontraba allí, que había escapado por el río, razón por la cual le habían disparado, y que lo podía buscar "por ahí" o que esperase a que llegara a su casa. Desde entonces Marcos Torres está desaparecido.
Esta desaparición fue denunciada en la fiscalía especializada de la Defensoría del Pueblo en Huánuco, y luego tomada en cuenta en las investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Sin embargo, es recién en el 2006 que se inicia una investigación de mayor profundidad, cuando la fiscalía logra dar con la verdadera identidad de Carlos Esparza, denunciándolo y acusándolo finalmente.
En el desarrollo del juicio el acusado admitió ser Carlos Esparza, haber sido el jefe de la Base Militar de Aucayacu el 12 de Julio de 1992 y haber participado y dirigido el desfile escolar de esa fecha, sin embargo negó conocer el caso y haber dispuesto detención alguna. Durante el juicio, no obstante, los testigos establecieron (1) la identidad del acusado, (2) la existencia de Marcos Torres, (3) la presencia de ambos en el desfile del 12/07/1992, (3) la detención de Marcos Torres por los militares, (4) el traslado de la víctima a la base militar, (5) la ausencia de la PNP en el desarrollo del desfile, (6) el control absoluto de la zona por parte de las FFAA, (8) la detención de personas por parte de los militares, (9) la inoperancia de las FFAA para investigar los hechos denunciados y (10) la pérdida gravísima y el impacto familiar que produjo la desaparición de Marcos Torres para su familia. Por todo ello, la Sala integrada por las Doctoras Bendezú, Cano y Benavides emitió una condena, por mayoría, de diez años de cárcel para el acusado, así como el pago de 80 000 nuevos soles a favor de los familiares como indemnización.
Además de ello, los testimonios de los pobladores de Aucayacu señalaron a Carlos Esparza como el más sanguinario de los jefes militares. Toribio Debarbiere brindó el siguiente testimonio al Diario La República el 2006:
"Yo le fui a reclamar por mi hijo de 21 años a la base militar de Aucayacu", dijo Toribio Debarbiere a La República: "Unos desconocidos le pidieron a mi hijo que los llevara a la localidad de Pacae. Allí se bajaron y mataron a balazos a una mujer. Mi hijo regresó a la casa y me contó lo que pasó. A la semana llegó el Ejército, nos amarraron a todos y se llevaron a mi hijo. Lo fuimos a reclamar a la base, le preguntamos a "Esparza" y nos respondió que no había mandado a ninguna patrulla a mi casa. Una semana después, un domingo por la mañana, encontramos su cuerpo en el río Aucayacu, sin manos y sin cabeza. Lo habían cortado con motosierra. Pero no estaba solo el cuerpo de mi hijo. Había otros 20, todos cortados. A mi hijo lo reconocí porque tenía una cicatriz de lo que se había caído de la moto y por la forma de sus pies. Además, llegué a encontrar su cabeza, pero no así sus manos"[1].
Se calcula que existen más de cincuenta denuncias en Tingo María contra Carlos Esparza.
Esta sentencia condenatoria es una muestra de que sí es posible determinar la responsabilidad penal de los perpetradores de crímenes contra los derechos humanos, a pesar de las dificultades probatorias por el paso del tiempo. Los argumentos y criterios en que se sustenta la sentencia deberán de servir de precedente en todos los casos que aún se encuentran en juicio. Consideramos que la sentencia es un buen mensaje para los familiares de las víctimas en tanto evidencia que la justicia puede imponerse, que pueden seguir abrigando esperanzas de que se sancionará, finalmente, a quienes les arrebataron a sus seres queridos.
Dato: La Base Militar de Aucayacu se encontraba bajo el mando del batallón contrasubversivo Los Laureles, que a su vez respondía al frente Huallaga con sede en Tarapoto. La investigación de Los Laureles la lleva el Instituto de Defensa Legal (IDL).
[1] http://www.larepublica.pe/11-09-2006/yo-soy-el-capitan-carlos-esparza
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Interesante, La coalición paniagüista y el indulto - 02/04/2013 9:55:33
"Por Rocío Silva SantistebanSusana Villarán no ganó la revocatoria por ser de izquierda ni tampoco porque, en general, los limeños decidieran apoyarla por su rol como alcaldesa. Reducir el análisis desde las izquierdas a estos dos argumentos es absurdo. No se sostienen porque no son, en esencia, el argumento del NO. Sin embargo, el sobredimensionamiento del apoyo del PPC y de la asesoría de Favre ha reducido al mínimo la importancia de los grupos de activistas del NO, de los piquetes del NO en diferentes distritos de Lima sur y norte, así como del apoyo de colectivos masivos como el MST o Asfadel. Todos los factores contaron: la performance de Marisa Glave, la huella de las malas intenciones de los revocadores, las estrategias mediáticas de Favre, el último empujón proporcionado por Lourdes Flores.
Por eso me parece fundamental el aporte programático de Steve Levitsky al señalar que la coalición paniagüista no es una alianza sino una "confluencia de actores sueltos que juegan a la defensiva cuando [...] las instituciones democráticas están siendo amenazadas". En un espacio democrático ideal la confluencia paniagüista debería ser el escenario de la política peruana: una derecha liberal con la cual discrepar, debatir e incluso pelear, pero en el marco institucional, frenando a los corruptos, persiguiendo la justicia, permitiendo que las fuerzas sociales tengan espacio para proponer y actuar. A su vez, una izquierda democrática que crea en las instituciones, apueste por los derechos humanos, discrepe con argumentos, que lea la realidad peruana creativamente como lo exigía Mariátegui y que rechace la violencia en todas sus formas y con más ahínco como estrategia política.
Pero la utópica democracia peruana choca contra la realidad: existe el fujimorismo.
En ese sentido, ¿cuál sería la posición de esta coalición frente a la posibilidad de que el presidente Humala indulte a Fujimori? Susana Villarán junto con todos los partidos de la "confluencia" (excepto algunas voces despistadas) están en contra del indulto en las actuales condiciones. Pero ¿y las fuerzas de la derecha liberal? El ministro Cateriano, consumado liberal, está en contra, así como Mario Vargas Llosa, pero hay congresistas del PPC que callan estratégicamente, tanteando futuras alianzas parlamentarias con los naranjas. Esta es, lamentablemente, la realpolitik que yo personalmente espero sea limitada al mínimo, para poder ejercer una política sobre valores y principios por encima de reacomodos. Porque si el PPC tiene su Kouri que le hace recordar cómo se tuercen los árboles, la izquierda también tiene al Movadef y las pretensiones de cierto ex emerretismo, todos a favor de indultos, amnistías y el borrón y cuenta nueva.
Una alianza paniagüista debería ser una fuerza contra un indulto en estas circunstancias en que una junta médica ha calificado el estado de salud de Fujimori como estable, sin situación que amerite excarcelación, sobre todo, en sus condiciones carcelarias. Fujimori no es solo un anciano deprimido interno en un penal, es un asesino, corrupto y ladrón calificado por el Poder Judicial de nuestro país, con una sentencia ejemplar que hoy Guatemala, felizmente, podría usar como precedente para juzgar al genocida de Ríos Montt. Esa sentencia me enorgullece de mi país, que, recuperado de los miasmas, se erigió como una democracia sin puntos finales ni obediencias debidas.
Publicado en Kolumna Okupa de La República 02/04/2013
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Que opina? Fujimori está deprimido - 01/04/2013 10:54:49
"Por: Mg. Carlos Jibaja ZarateA través de un reportaje televisivo se sabe, de acuerdo a la evaluación realizada por la Comisión Médica Penitenciaria, que Fujimori presenta el siguiente grupo de diagnósticos: "no evidencia actual de cáncer en la lengua oral y displasia recurrente de lengua", trastorno depresivo recurrente, hipertensión arterial, insuficiencia venosa periférica, gastritis crónica, lumbalgia crónica, quiste pancreático, hernia, artrosis lumbar. En este artículo, voy a referirme exclusivamente al diagnóstico de trastorno depresivo recurrente al tratarse de una apreciación clínica acerca de la salud mental, mi especialidad.
La evaluación médica establece que existe un trastorno depresivo, pero expresa un desacuerdo en el grado en que esa depresión se manifiesta. Tres psiquiatras de la Comisión sostienen que Fujimori tiene un Trastorno Depresivo Recurrente "con episodio actual depresivo grave sin síntomas psicóticos" y los otros dos psiquiatras que componen la Comisión, sostienen que Fujimori presenta un Trastorno Depresivo Recurrente "con episodio actual depresivo moderado".
Precisemos. Los cinco Médicos Psiquiatras que lo evaluaron coinciden en que Alberto Fujimori está deprimido y que se trata de un trastorno crónico. Tres de ellos sostienen que se trata de una depresión severa, dos de ellos de una moderada. ¿Cuál es la diferencia?
Partamos del sentido común. Es altamente probable que cualquier persona que haya perdido la libertad, esté encarcelado y tenga problemas crónicos de salud presente síntomas depresivos, leves o moderados. Es una alteración del estado de ánimo que bajo esas condiciones es esperable. Para hablar particularmente de Fujimori, se trata de un ex presidente de la República que ha perdido, producto de que está preso, libertad, autonomía y el ejercicio de poder sobre otras personas. Este hecho, para una personalidad autoritaria como la de él, es sumamente frustrante porque buena parte de su autoestima y estabilidad emocional se basa en las facultades y derechos mencionados. En otras palabras, es normal que Fujimori, al tener una pena privativa de la libertad por 25 años, tenga algún grado de depresión como lo tienen muchos reos en los penales del Perú y del mundo.
¿Qué significa que el trastorno depresivo no presente síntomas psicóticos?
Que el criterio de realidad, es decir la capacidad de verificación de los datos de la realidad, no está alterado. En otras palabras, que el paciente es responsable de lo que siente, piensa y hace y que no presenta alucinaciones visuales, táctiles, gustativas, etc. No confunde sus sensaciones y percepciones internas con la realidad objetiva. Tampoco su pensamiento es delirante, no presenta una convicción falsa o pensamiento fijo más o menos sistemático que implique un registro erróneo de la realidad. Las ideas delirantes, por lo general, se manifiestan como delirios de grandeza, persecutorios, de culpa, celos, de estar controlado por una instancia externa, entre los más frecuentes. En otras palabras, que la depresión de Fujimori no está en el nivel discapacitante de un cuadro psicótico.
Una persona con una depresión moderada puede presentar dificultades en el sueño (insomnio, por ejemplo), tristeza, desinterés por las cosas que le rodean, ideación pasiva de suicido, tendencia al llanto, pérdida de apetito y/o de peso, falta de concentración, fatiga, disminución de la capacidad de trabajo, sentimientos de culpa, autorreproches.
En contraste, una persona con un trastorno depresivo grave presenta alteraciones muy similares a las del tipo moderado, pero de una manera más intensa, persistente y extensa, a lo que se le debe agregar la "interferencia en las funciones para una vida autónoma". Son personas que requieren de tratamiento clínico y asistencia de otras personas para sobrellevar sus síntomas y cuidado personal. .
El tema de la ideación suicida es importante para realizar una valoración del grado en que el trastorno se encuentra. Sin embargo, la sola presencia de la idea de suicidio no es determinante porque requiere su ponderación en relación a una evaluación integral de la personalidad y de los estresores del medio. El trastorno puede ser valorado en un nivel leve o moderado si es que la persona tiene un pensamiento pasivo de suicidio ("Ojala Dios me llevara", "sería mejor si estuviera muerto") sea este un pensamiento pasajero o persistente, y no altere de manera directa sus capacidades autónomas.
El trastorno depresivo puede ser valorado como grave si es que existe la ideación activa y persistente de cometer suicidio, en el que existe un plan y una impulsividad significativa para cometer esa acción auto-destructiva. Otro elemento a considerar es si en el pasado la persona se ha intentado suicidar o si existe un trastorno de base como, entre otros, un trastorno psicótico o algún trastorno en el control de impulsos.
En el caso que Fujimori estuviera en una situación inminente de riesgo suicida , que por sus características de personalidad, es poco probable - requeriría de una supervisión constante de personal clínico, en especial de personal de enfermería, tal como lo recomienda el parte médico. En ese sentido, las recomendaciones son muy claras: "monitoreo constante de personal de enfermería"
Finalmente, la evaluación en la que se diagnostica a Alberto Fujimori con un trastorno depresivo recurrente nos presenta a una persona con signos y síntomas de un trastorno en su estado de ánimo, que efectivamente le está afectando algunas de sus capacidades psicosociales, pero que son síntomas que pueden ser bien manejados con un adecuado tratamiento psiquiátrico, farmacológico y psicoterapéutico dentro del penal.
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Noticia, RECONOCIMIENTO PÚBLICO A JAVIER DIEZ CANSECO - 28/03/2013 20:40:57
"RECONOCIMIENTO PÚBLICO A JAVIER DIEZ CANSECO (1)Las organizaciones de derechos humanos agrupadas en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, manifestamos nuestro reconocimiento público a Javier Diez Canseco Cisneros, por su trayectoria política dedicada a la defensa de la vida, la democracia y los derechos humanos.
En 1980, Javier Diez Canseco en su calidad de diputado, formó parte de la primera Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la República. Desde entonces ha participado en varias comisiones investigadoras de casos de violaciones a los derechos humanos, siendo un aporte fundamental para investigar y sancionar los crímenes que se producían esos años. Producto de ese trabajo, sufrió un conjunto de atentados contra su vida y la integridad física de su familia, la voladura de su casa, entre otras agresiones directas, además de reglaje, seguimiento y hostigamientos varios. Sin embargo, jamás cejó en su defensa de las víctimas.
En los últimos años ha jugado un rol muy importante en la defensa de las personas con discapacidad, siendo uno de sus últimos logros en acción coordinada con diversas organizaciones de éste ámbito, la "Ley General de la Persona con Discapacidad , 29973".
En este momento en que su salud se encuentra muy resquebrajada queremos valorar el trabajo de un político a favor de la causa de la vigencia irrestricta de los derechos humanos en nuestra patria. Además de expresar nuestros deseos de que esa fortaleza que lo ha llevado a superar situaciones muy difíciles como las antes descritas le sirva para superar esta difícil situación.
Lima 29 de marzo del 2013
(1) Javier Diez Canseco Cisneros (Lima, 24 de marzo de 1948) es un sociólogo y político peruano de izquierda, actual Congresista de la República.Ha sido diputado constituyente, diputado por Lima, senador de la República y congresista del Perú de 1978 a 1992 (hasta el Autogolpe de 1992), de 1995 a 2000 y de 2001 a 2006. Postuló a la Presidencia de la República en las elecciones generales del Perú de 2006, y fue elegido Congresista de la República por la alianza Gana Perú liderada por Ollanta Humala en las elecciones generales del Perú de 2011.1 2 3
Es miembro del Partido Socialista del Perú. (Wikipedia)
Subscriptores:
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos , CNDDHH
Red para la Infancia y la familia , Perú
CAAAP
Centro de Desarrollo Étnico , CEDET
Comisión de Justicia y Paz , Derechos Humanos del VAI
GRUFIDES
CEPRODEH ,AREQUIPA
Centro de Educación Popular-Proyecto Amigo
Movimiento Homosexual de Lima (MHOL)
LUNDU Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos
Siguen subscripciones…
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