Información: Población de Puerto Mayo rechaza construcción de aeródromo militar - 26/04/2013 11:15:16
"El 19 y 20 de abril se llevó a cabo una asamblea comunal en la localidad de Puerto Mayo, Pichari (VRAE) para analizar las consecuencias de la construción del aeródromo militar por parte de las FF.AA. peruanas, con apoyo de un sub contratista del Comando Sur (EE.UU). Dicho evento contó con la participación de 250 representantes de diferentes comunidades de la zona y concluyó con una Declaración la cual compartimos.PRONUNCIAMIENTO / DECLARACIÓN DE PUERTO MAYO
Puerto Mayo , Pichari, 19 y 20 de Abril de 2013
Reunidos los participantes, representantes de comunidades, pueblos originarios, centros poblados, autoridades, estudiantes y jóvenes, organizaciones sociales del VRAE y del Perú, que asistieron al Primer Forum de Análisis y Evaluación de la Construcción del Aeródromo en la Comunidad de Otari Colonos, que se llevó a cabo el 19 y 20 de abril en Puerto Mayo, suscribimos la siguiente Declaración:
1.- Rechazamos la construcción de un aeródromo militar en las tierras ubicadas en Otari Colonos (o cualquier otra parte del país), así como cualquier tipo de involucramiento de militares o sub contratistas de los Estados Unidos en el Perú, como lo demuestra la existencia de un Plan de Inversión Pública para la construcción del mencionado aeródromo, así como el registro del proyecto en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
2.- Estamos en contra de este Proyecto, porque tiene implicancias negativas a nivel local, regional y nacional. Desde su origen, las discusiones y debates que han girado sobre este Proyecto, han sido hechos a espaldas de la población que pudiera ser afectada por dicho Proyecto, sin haber informado debidamente sobre la naturaleza militar del mismo, ni realizado la consulta previa con la población afectada en su propiedad privada, sobre el costo económico y las posibles implicancias del aeródromo militar sobre la vida y los DD.HH. de las personas civiles.
3.- La situación es más compleja cuando existen evidencias que la construcción de dicho aeródromo militar fue originalmente prevista sobre los terrenos que ahora posee el destacamente militar en Pichari y las obras previstas en el PIP y SNIP para Otari Colonos, se harían sobre una región que tiene población con títulos legales de propiedad, una alta bio diversidad, es ejemplo en la producción de cacao y granjas como actividad alternativa a nivel del VRAE y nacional, que tiene un alto potencial turístico, vulnerando los derechos constitucionales de los pueblos originarios.
4.- Expresamos la preocupación que esta discusión se presente en circunstancias que hoy en el 2013, el VRAE viene viviendo un escenario de incremento de la presencia militar para combatir el "narco terrorismo" amparada en la nueva legislación sobre Seguridad y Defensa presentata por el Gobierno, la suscripción de un nuevo Convenio Militar con EE.UU. (realizado el 19 de marzo del 2013), el anuncio hecho por el Premier Jiménez y el Ministro del Interior ante el Congreso, así como la representante de DEVIDA, sobre la inminente erradicación de 1,300 has de coca en el VRAE, que aparte de ser un fracaso en la Reducción de la Oferta, puede incrementar la violencia y el conflicto, con posibles violaciones de los DD.HH. de la población civil en el VRAEM.
5.- Los hechos mencionados anteriormente, pueden significar una grave violación a la soberanía del Perú y afectar la independencia en la decisión de nuestras políticas internas, subordinándonos a intereses extranjeros. Invocamos a la población y autoridades del VRAEM, a nuestros representantes en el Congreso y la prensa nacional e internacional a estar alertas y vigilantes al desarrollo de esta problemática de modo que no afecte la Paz, el Desarrollo Humano y los DD.HH. de la población de la región.
Puerto Mayo , Pichari , VRAE, 20 de Abril del 2013
Firmas de representantes de comunidades, pueblos originarios, centros poblados, autoridades, estudiantes y organizaciones sociales
(ver original)
Pronunciamiento Puerto Mayo , Abr 2013 by CNDDHH
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Interesante, JULIACA: Padres denuncian múltiples negligencias médicas - 24/04/2013 16:44:34
" Médicos procesados continúan laborandoPadres denuncian múltiples negligencias médicas
El niño Anthony Calcina Mamani, de nueve años de edad, no habla, no llora, sufre de desnutrición crónica y de un severo daño cerebral. Cuando tenía dos años de edad, en el 2006, fue internado en el Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca por presentar un cuadro de fiebre. Tras ser intervenido por los médicos pediatras de dicho hospital (Otto Zevallos, Percy Cárdenas, Margarita Ponce y Fausto Quispe), el estado de salud del menor empeoró debido a una meningitis mal diagnosticada, dejando al menor en coma y en estado vegetativo.
Tras siete años de litigio, la estrategia de los médicos (que ya han sido sentenciados con dos años de pena privativa y 150 mil nuevos de reparación) es de buscar la prescripción del proceso mediante repetidas apelaciones y recursos jurídicos. La situación se agrava en vista de casos similares bajo la responsabilidad de los mismos médicos que se mantienen en actividad, como es el caso de niño Nelson Condori Pilco.
Los padres de Anthony, de condiciones muy humildes, se encuentran actualmente en Lima buscando visibilizar su situación y así poder asegurar que tras siete años se haga justicia con su hijo.
Para mayor información, contactar a Ángel Daniel Calcina Zevallos, padre del menor: 951 659 199
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Que opina usted? Detienen a dirigente sindical Amed Albújar de Topy Top - 24/04/2013 10:30:03
"La empresa Topy Top es una de las más importantes en el rubro de confecciones. Es de capital peruano. Hace algunos años tuvo serios problemas con los trabajadores, cuando se formó un sindicato. La empresa despidió intempestivamente a más de un centenar de trabajadores sindicalizados. Entonces, las empresas que compran los productos de Topy Top en Europa, presionadas por los sindicatos europeos obligaron a la empresa peruana a reponer a los despedidos y a reconocer al sindicato.Esta lección debió ser suficiente para la empresa Topy Top. Debió entender que los derechos laborales están hechos para ser respetados. Pero lamentablemente no ha sido así.
Durante los últimos años, la empresa ha mantenido una política de hostilizaciones y acosos constantes contra los trabajadores organizados. La empresa se ha dividido en unidades menores para impedir una organización sindical más fuerte. Ha promovido disputas internas y divisiones entre los trabajadores.
A pesar de todo esto, los trabajadores y trabajadoras han persistido en su organización sindical. La cual ha sentido los golpes recibidos. Los trabajadores de confecciones desarrollan su labor en condiciones bastante duras, con turnos rotativos, expuestos a accidentes y problemas de salud. En general son trabajadores jóvenes, con una fuerte presencia femenina. Hay muchas trabajadoras jóvenes que son a la vez jefe de hogar. Las remuneraciones, por el tipo especial de régimen laboral que tienen los trabajadores textiles y de confecciones, es de mas más bajas del mercado laboral. Levemente por encima de la RMV.
Ahora, el sindicato como todos los años, debe presentar conforme a ley su proyecto de convenio colectivo. Este es un trámite perfectamente legal. Para hacerlo, es normal que los trabajadores se reúnan y realicen asambleas. Los sindicatos tienen personería gremial. Están reconocidos por el Estado peruano. Pueden reunirse libremente y no requieren de ningún permiso para hacerlo.
El día de ayer, a las 10.00 am al terminar una asamblea sindical, el secretario general Amed Albújar es detenido por la policía. Los agentes policiales "descubren" paquetes de droga en su mochila. El dirigente es detenido y llevado a la comisaría de Zárate.
En un contexto de pésimas relaciones entre la empresa con el Sindicato, más aún cuando la organización gremial está por presentar el pliego de reclamos, que el secretario general (es decir, el representante legal y principal del sindicato) sea detenido por una acusación de drogas, es poco menos que sospechoso. ¿Quien se beneficia de esta situación?
Estamos seguros que el movimiento sindical nacional e internacional así como la ciudadanía en general van a expresar su rechazo a lo que parece ser una simple maniobra para impedir que los trabajadores de confecciones tengan un mejor salario.
ACTUALIZACION 24-04-13 10.45 am.
Amed Albújar ha sido liberado esta madrgada.
Tomado de Sindicalistas.net / p. Carlos Mejía A.
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Interesante, Parcco-Pomatambo: Sentencia es una vergüenza para la justicia peruana - 23/04/2013 16:35:28
" Grave retroceso en la lucha contra la impunidadLamentable sentencia absolutoria en el caso Parcco-Pomatambo
El día lunes 22 de abril del presente año, el colegiado de la Sala Penal Nacional leyó la sentencia del caso "Parcco-Pomatambo" en la cual se absolvió al acusado Agustín Jorge Tuya López y se tomó la decisión de mantener en reserva de juzgamiento a Dante Retamal Guerra por tener condición de "reo ausente". Ambos acusados, miembros del Ejército peruano, participaron del operativo ejectuado entre la noche del 22 de octubre y la madrugada del 23 de octubre de 1986, en las localidades de Pomatambo y Parcco Alto, cuyo objetivo era la captura del presunto terrorista "Cazely", pero que tuvo como resultado la muerte de 12 ciudadanos, incluidos dos niños (5 y 8 años) y dos ancianos (84 años).
La Sala Penal Nacional sustentó la absolución del acusado en la declaración de un solo testigo que también participó en la incursión militar, ignorando los numerosos testimonios de familiares, así como las pruebas indiciarias y documentos que acreditan la existencia del operativo. Asimismo, la sentencia detalla que el juicio a Dante Retamal estará en reserva hasta que éste sea capturado y extraditado de Estados Unidos.
Recordamos que en el Informe Final de La Comisión de la Verdad y la Reconciliación se presentan pruebas en las que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) envió un comunicado que afirmaba que la noche de los hechos hubo un enfrentamiento con los detenidos; luego de una investigación del Congreso, el presidente del CCFFAA reconoció que se cometieron excesos y que "se habían violado normas internas sobre el tratamiento de los detenidos".
Consideramos que la sentencia absolutoria no responde a los estándares internacionales para juzgar las violaciones de derechos humanos, e incluso es incompatible con sentencias nacionales pasadas, en las que se reconoce la validez de la prueba indiciaria. Lamentamos que los familiares del caso no hayan obtenido justicia, al mismo tiempo que alertamos a la sociedad civil acerca del peligro que significa la consagración de la impunidad en nuestro país. La muerte de ciudadanos inocentes, niños y ancianos, ya sea en manos de terroristas o de miembros de las fuerzas armadas, no debe quedar impune.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es un colectivo de 81 instituciones que en todo el Perú trabajan en la promoción y defensa de los derechos fundamentales.
Para mayor información contactarse con:
Dr. Hernán Barrenechea (996216569 , RPM #318694)
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Que opina usted? Es urgente adoptar una política pública para abordar búsqueda, ubicación y restitución de personas desaparecidas - 23/04/2013 11:36:46
" Se requiere una ley de búsqueda, identificación y restitución de personas desaparecidas y que se declare de necesidad pública la implementación de un plan nacional de investigaciones antropológico-forense. Foto: ComisedhDe acuerdo a las investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) realizadas en los últimos 10 años, más del 60% de sitios de entierro a nivel nacional -donde yacen los restos de víctimas del conflicto armado interno- se encuentran en Ayacucho. El Instituto de Medicina Legal, ha señalado que existen aún 15,731 personas desaparecidas en el país. La resolución de estos problemas implica una ley de búsqueda, identificación y restitución de personas desaparecidas y que se declare de necesidad pública la implementación de un plan nacional de investigaciones antropológico-forenses, así como establecer un mecanismo rector de este proceso de búsqueda e identificación de personas.
Ver documento de Comisedh:
La imperiosa necesidad de una política pública sobre búsqueda, identificación y restitución de personas desaparecidas
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Noticia, Desplazados - 23/04/2013 9:46:35
"Por Rocío Silva SantistebanHay que subir por una interminable escalera de caracol, de cemento y con gradas altas, unos cuatro pisos, pasando por una quinta estrecha, para llegar a la pequeña oficina, larga y estrecha también, en la que aproximadamente 70 personas, totalmente apretadas, cansadas pero expectantes, acaloradas por el sol de las dos de la tarde, mujeres en su mayoría con niños chicos que revolotean y gritan alrededor, están aguardando. Son miembros de Asfadel, la Asociación de Familiares y Desplazados de Lima. Todos son provincianos, vienen de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, la margen izquierda del río Huallaga, hablan quechua y otros aymara, y muchos de ellos llevan sobre el cuerpo o en la memoria las huellas de una violencia demencial que fue iniciada por Sendero Luminoso, repelida y además continuada por muchos de los efectivos de Ejército Peruano y la Marina, incluyendo altos mandos, y en las zonas de la selva alta exacerbada por el MRTA. En este grupo hay mujeres que vieron morir a sus padres a machetazos o a sus hijos quedar lisiados para siempre.
Ese es el caso de Marta Vilca, madre de Constancia López Vilca, quien a los 10 años, en Totos, Ayacucho, fue víctima de una granada. La granada le cercenó el pie derecho, le hizo una herida en el ojo izquierdo dejándola desfigurada para siempre, pero también le reventó la parte frontal del cráneo, de tal manera que el cerebro fue también afectado y ella, ahora, a los 40 años, no puede valerse por sí misma. Marta está ahí preocupada, porque ha dejado a su hija acompañada de una vecina, pero asiste porque tiene la esperanza de que en la asociación se pueda presentar su caso para solicitar al Estado peruano que cumpla con sus promesas: asistir a todos los desplazados y afectados debidamente acreditados con el Sistema Integral de Salud. "Señorita, la gente del hospital no sabe lo que es un desplazado, ni siquiera les interesa nuestra acreditación. No nos atienden, nos tratan mal, y si lo hacen es solo porque somos pobres, por pobreza extrema pues…" Esta madre no se resigna y no debe hacerlo: ella ha peregrinado de oficina en oficina, finalmente se ha inscrito en el Registro Único de Víctimas y quiere que su hija, a quien una granada que no sabemos si era de SL o del Ejército le destruyó la vida, pueda tener acceso a una prótesis, a un tratamiento, en lugar de ser una paria que mendiga justicia.
Asfadel está conformada por aproximadamente 7 mil personas (1.200 familias acreditadas) y es presidida por Teófilo Orozco, originario de Huahuapuquio, Cangallo, Ayacucho, quien hace treinta años tuvo que salir de su pueblo huyendo para poder salvar su vida. Durante el gobierno de Alejandro Toledo se aprobó la Ley 28223, de personas desplazadas, que contiene toda una serie de directrices sobre el gran problema de desplazamiento forzado. Obviamente muchos de ellos también son víctimas del conflicto armado, pero otros son solo afectados, en la medida que sus familiares no murieron ni sufrieron heridas, pero sí el despojo de sus territorios, el abandono de sus chacras, animales, y por lo tanto se empobrecieron aún más o perdieron oportunidades educativas por tener que trabajar.
Constancia lo perdió casi todo: su niñez, su juventud, su cara, su inteligencia. Ahora solo le queda su madre y, como su nombre lo indica, la tenacidad de continuar en la brega. ¿Es posible que el Estado no capacite aún a los operadores de salud para que estén enterados de lo que es un desplazado?
Publicado en Koluma Okupa del diario La República. 23/04/2013
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Noticia, Sociedad civil reclama justicia para Parcco y Pomatambo - 18/04/2013 17:39:29
" Este lunes se dicta la sentencia del caso en la Sala Penal NacionalSociedad civil reclama justicia para Parcco y Pomatambo
El 22 y 23 de octubre de 1986 dos patrullas del Ejército detuvieron, asesinaron, incineraron y desaparecieron los restos de doce personas, incluidos niños y ancianos, que habitaban en las localidades de Parcco y Pomatambo (Ayacucho). Un primer proceso del caso logró establecer:
1. La existencia y ejecución del plan operativo PLAN 017 entre la noche del 22 de octubre y la madrugada del 23 de octubre de 1986, en las localidades de Pomatambo y Parcco Alto, cuyo objetivo era la captura del presunto terrorista "Cazely".
2. Que los siete detenidos en Pomatambo fueron trasladados a Parcco Alto, junto con el cadáver de "Cazely".
3. Que las patrullas ingresaron a la vivienda de los agraviados Reynaldo Ramírez Buitrón, quien fue asesinado por impactos de bala al igual que sus dos menores hijos (12 y 8 años) y sus dos ancianos padres (84 años).
4. Que la muerte de los doce pobladores de Pomatambo y Parcco Alto no se produjo en el contexto de un enfrentamiento con las patrullas del Ejército.
5. Que los soldados trasladaron los restos para quemarlos y arrojarlos en distintos lugares.
6. Se estableció la identidad de los integrantes de ambas patrullas del Ejército que participaron en el operativo.
Sin embargo, dicho proceso terminó con la incomprensible absolución de los acusados, a pesar de reconocer que los pobladores de Parcco Alto fueron muertos en manos de miembros del EP, sentencia que atenta contra la autonomía y dignidad del pueblo peruano.
Familiares del caso. En la imagen se observa a Donato Ramírez Rivera, muerto a los 84 años, su cadáver incinerado y destruido por miembros del Ejército.
Consideramos que no se trata de desconocer la valiente labor de las FF.AA. en la lucha contra el terrorismo, sino de hacer justicia con los ciudadanos que fueron ASESINADOS, ya sea por el terrorismo de Sendero o por el mismo Estado peruano. Está demostrada la responsabilidad del acusado Agustín Jorge Tuya López en el actual proceso. Desde la sociedad civil esperamos que se haga justicia este lunes, por el bien y la reconciliación de la Nación.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es un colectivo de 81 instituciones que en todo el Perú trabajan en la promoción y defensa de los derechos fundamentales.
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Noticia, Funcionarios judiciales latinoamericanos observarán el juicio a Ríos Montt - 18/04/2013 9:48:23
"De Perú estará Avelino Guillén, quien como fiscal superior adjunto estuvo a cargo de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ex presidente Alberto Fujimori.Efraín Ríos Montt, expresidente de Guatemala, es juzgado por el delito de genocidio.
El 19 de marzo de 2013 se inició un proceso de singular importancia en Guatemala: el juicio contra el ex presidente de facto, general Efraín Ríos Montt. Se trata de la primera vez que un ex presidente latinoamericano es juzgado por el delito de genocidio. El juicio ha transcurrido por cuatro semanas, en medio de un escenario de gran tensión y polarización política.
Durante los 17 meses que Ríos Montt estuvo en el poder se llevó a cabo una campaña de exterminio que derivó en la muerte violenta de miles de personas. Hoy enfrenta un juicio, entre otros cargos, por orquestar la masacre de más de 1.750 ciudadanos de la etnia maya-Ixil en el departamento de Quiché. Según el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, el conflicto armado en el país dejó un saldo de 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos.
Este juicio forma parte del proceso de lucha contra la impunidad que se ha traducido en investigaciones judiciales en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Perú. En algunos de esos países se ha obtenido a la fecha un número importante de sentencias y otros logros que resumimos en el informe adjunto (link al informe).
En este contexto, y durante lo que aparenta ser la última semana, llega a Guatemala una delegación de funcionarios judiciales de América Latina para observar el juicio. Se trata de jueces y fiscales que han intervenido en los procesos de justicia por delitos de lesa humanidad de Argentina, Uruguay, Chile y Perú, con el propósito de observar las audiencias y contextualizar este juicio y el resto de las investigaciones que avanzan en paralelo dentro de la ola de rendición de cuentas por vía de la justicia que experimenta la región.
Además de la observación del juicio, los miembros de la delegación brindarán una conferencia de prensa el día jueves 18 de abril, a las 15:30 horas, en el Hotel Panamerican (9 Calle 5-63 Zona 1, Ciudad de Guatemala).
La delegación se encuentra conformada por los siguientes funcionarios:
María del Carmen Roqueta, de Argentina. Vicepresidenta del tribunal oral federal nº 6 de la Ciudad de Buenos Aires. Dictó sentencia en 2012 en la causa por el llamado "Plan sistemático de apropiación de niños" (el secuestro y detención clandestina de mujeres embarazadas para que den a luz a sus hijos y luego entregarlos ilegalmente a familias de militares o allegados). Condenó por este plan al ex general y presidente de la Junta militar que gobernó de facto la Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983) Jorge Rafael Videla y a otros altos mandos del Ejército. En su fallo, dictaminó que la práctica de sustracción de niños fue parte del plan sistemático de represión que llevó adelante la dictadura.
Alejandro Solís, de Chile. Hasta su retiro en diciembre del año pasado fue uno de los jueces designados por la Corte Suprema de Chile para intervenir en los casos por delitos de lesa humanidad cometidos en dicho país en el marco de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1974-1990). Dictó sentencia en el caso del asesinato del ex general chileno Carlos Prats en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor. Pinochet no pudo ser juzgado en este juicio, pero fue condenado el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), brazo operativo represivo de la dictadura. Solís fue además muy activo en las causas con entrega de restos a familiares detenidos-desaparecidos.
Avelino Guillén, de Perú. Como fiscal superior adjunto estuvo a cargo de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ex presidente Alberto Fujimori y los cargos de corrupción y abuso de autoridad. En 2009, Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por varios crímenes, entre ellos la masacre de Barrios Altos de 1991 y la desaparición forzada de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en 1992.
Mirtha Guianze, de Uruguay. Fue la fiscal más activa en los casos por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar uruguaya (1973-1985). Actuó como parte acusatoria en el caso del ex dictador Juan María Bordaberry (1973-1976), condenado en 2010 a 30 años de prisión por llevar adelante un régimen ilegal dentro del cual se cometieron asesinatos políticos. La condena a Bordaberry es uno de los hechos más significativos del proceso de justicia de Uruguay. Guianze se retiró de su cargo de fiscal en 2011 y en 2012 fue designada en la Institución Nacional de Derechos Humanos (Defensoría del Pueblo u Ombudsman).
Todos ellos son representantes destacados del proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad del Cono Sur, y son ejemplo de cómo el Estado puede asumir la persecución penal de graves crímenes con tribunales nacionales conforme lo dispone la ley, enmarcados dentro del derecho de defensa y debido proceso legal y reforzando los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado.
La visita es organizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). El CELS es una organización de derechos humanos de Argentina, con un compromiso por la defensa de los derechos fundamentales en su país y la región. Representa en causas penales por delitos de lesa humanidad que tramitan en Argentina a víctimas y familiares de víctimas argentinas y uruguayas. WOLA es una organización no-gubernamental que desde 1974 promueve los derechos humanos, la democracia y la justicia social por medio del trabajo conjunto con nuestras contrapartes locales en Latinoamérica y el Caribe para influenciar las políticas en los Estados Unidos y el exterior. Ambas organizaciones tienen una amplia trayectoria en trabajo en América Latina y fuertes alianzas con los actores locales. La delegación cuenta además con el apoyo de la Fundación Myrna Mack de Guatemala, la Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).
Contacto de las coordinadoras de la delegación:
Jo-Marie Burt (WOLA) jmburt.wola@gmail.com
Daiana Fusca (CELS) comunicacion@cels.org.ar
Teléfono móvil en Guatemala: (+502) 5596-3689
Para solicitar entrevistas con los delegados favor de comunicarse con Marta Paz de la Fundación Myrna Mack: mpaz@myrnamack.org.gt Teléfono: (+502) 24140500
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